Hoy 
POR ALEIDA PLASENCIA
La Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (INFADOMI) denunció ayer que en el país existen numerosos certificados de patentes de invención otorgados irregularmente.
Asimismo, consideró imprescindible que los tribunales ordenen «peritajes y análisis de patentabilidad de aquellas patentes que sean objeto de controversias».
Consideró una necesidad urgente que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) «realice revisiones patentarias para determinar si los requisitos de fondo exigidos por la ley fueron cumplidos (en una serie de casos) o por el contrario, si dichas patentes son nulas y los compuestos presuntamente protegidos por ellas se encuentran en el dominio público».
La directora ejecutiva de INFADOMI, Leila Mejía Roldán, estimó que los peritajes son necesarios a los fines de confirmar si las patentes protegen verdaderas invenciones o, por el contrario, si son irregulares.
Explicó que antes del año 2000, la Ley de Patentes del país tenía una gran falla: exigía que los inventos para concebirse y poder ser patentables, debía cumplir con los requisitos de novedad, poseer «nivel inventivo» y ser susceptible a la aplicación industrial.
En ese sentido, dijo que adolecía de que no le daba al Departamento de Propiedad Industrial (que en esa época era la institución que concedía las patentes) la facultad de hacer un examen de fondo para determinar si las invenciones realmente cumplían con esos tres requisitos.
Explicó que como consecuencia de ello, ocurría que se expedían patentes con relación a productos sin que cumplieran con los requisitos de novedad y nivel inventivo y se otorgaron monopolios por 15 años a numerosas empresas y con respecto a una serie de fármacos.
Dijo que numerosas empresas se aprovecharon de la falla de la ley y obtuvieron patentes irregulares, muchas de las cuales aún están vigentes, porque se concedieron antes del cambio de legislación.
Manifestó que hay una empresa multinacional farmacéutica que está comercializando en el país el medicamento denominado Viagra, «bajo el amparo de una patente que no cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislación en materia de propiedad industrial».
Añadió que dicha empresa obtuvo en el año 1998 un certificado de patentes, con la finalidad de proteger el Citrato de Sildenafil, principal componente de la Viagra, sin cumplir con las exigencias que establece la ley para que algo sea considerado una invención y sea merecedor del largo monopolio que conceden las patentes.
«La falta de novedad ha sido puesta de manifiesto por sentencias de tribunales de numerosos países donde la patente ha sido declarada nula, tales como China y el Tribunal de Justicia Andino», dijo. Con esta práctica -sostuvo- se han obtenido de manera irregular un número considerable de certificados de patente en la República Dominicana, en virtud de los cuales sus titulares han hecho una excesiva fijación de precios de importantes medicamentos en claro perjuicio al consumidor dominicano.
Esto perjudica, dijo, «principalmente a las esferas más pobres de nuestro país, que son personas que no pueden pagar los altos precios impuestos por las empresas multinacionales a la medicina».
