BRASILIA .Un informe parlamentario recomendó el miércoles abrir un juicio de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en un nuevo capítulo de la grave crisis que golpea a la principal economía de América Latina.

El diputado Jovair Arantes, autor del informe, presentó sus conclusiones en una tumultuosa sesión de la comisión parlamentaria de 65 miembros, que debe votar su parecer el próximo lunes. Arantes se pronunció por «la admisibilidad jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, por el Senado Federal, del proceso por crimen de responsabilidad» de Rousseff.

La presidenta, de 68 años, está acusada de maquillar las cuentas públicas en 2014 para favorecer su reelección, y a inicios de 2015. La oposición considera que se trata de un «crimen de responsabilidad», en tanto que la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) denuncia un «golpe de Estado».

Según el informe, «la magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron un grave desvío de sus funciones, con perjuicios a los intereses de la nación». «Tales actos justifican la apertura excepcional del mecanismo de impeachment», subrayó.

«Difícil» para todos. El parecer de la comisión deberá ser votado por el pleno de la Cámara de Diputados el lunes 18, según un calendario sujeto a modificaciones. «Estamos preparados para perder en la comisión. Apostamos en el voto en el plenario», dijo a la AFP el diputado del PT, Ze Geraldo.

Para que el impeachment prospere, debe contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la cámara (dos tercios). «Buscamos sumar más de 172 votos y que ellos no consigan los 342. Será difícil para nosotros reunir 172, pero para ellos también será duro», añadió Geraldo. Según una encuesta actualizada el miércoles de tarde por el sitio web del diario Estado, 245 diputados están a favor del impeachment, 110 en contra, 58 indecisos y 11 no revelaron su posición. Otros 89 no pudieron ser contactados.

De superar la cámara baja, el proceso iría al Senado y, de aprobarse también en esa instancia, Rousseff sería separada de su cargo por un máximo de seis meses a la espera del veredicto final, que estará igualmente en manos de la cámara alta.

La mandataria sería reemplazada entonces hasta el fin de su mandato en 2018 por su vicepresidente, Michel Temer, contra quien la corte suprema pidió también un proceso de impeachment. Temer pertenece al partido centrista PMDB, que la semana pasada rompió su alianza con el PT.

Brasil entra así en una zona de turbulencia acentuada, a cuatro meses de los Juegos Olímpicos de Rio (5 al 21 de agosto). Este sería el segundo juicio de destitución en Brasil desde el fin del régimen militar (1964-85). El primero le costó el cargo al presidente liberal Fernando Collor en 1992.

El cantante y compositor Chico Buarque y el teólogo Leonardo Boff, junto a otras figuras del mundo de la cultura, convocaron a un acto el lunes próximo en Rio para denunciar el «golpe blanco» que a su juicio representaría la destitución de la presidenta.

Conquista de votos. Rousseff, con una popularidad bajo mínimos, recurrió a su predecesor y mentor Luiz Inacio Lula da Silva para avivar la militancia y reforzar la coalición. Lo nombró jefe de su gabinete pero su asunción fue bloqueada por sospechas de que se trataba de una argucia para librarlo de la justicia ordinaria, que investiga su presunta implicación en el escándalo de la petrolera estatal.

La corte suprema debe zanjar su caso la próxima semana. Pero, incluso sin ocupar formalmente un cargo ministerial, Lula es el motor de las negociaciones políticas que podrían salvar al gobierno.

Su acción se centra en los partidos menores de la heterogénea coalición, deseosos de ocupar los espacios dejados vacantes por el PMDB, tanto en el gabinete como en mayores administraciones de este gigantesco país de 200 millones de habitantes. Uno de esos partidos, el PP (51 diputados), no esconde que negocia su apoyo a un alto precio: ministerios «de prestigio», con grandes presupuestos, como el de Salud o Educación.

Las negociaciones y los cálculos resultan dificultosos en un Congreso que cuenta con una treintena de bancadas partidarias, muchas de ellas divididas sobre la cuestión del impeachment.

«Es muy difícil prever un resultado (…) Durante el impeachment de Collor, la historia cuenta que varios diputados cambiaron de idea mientras estaban en la fila para votar», admitió la semana pasada en una entrevista con la AFP el diputado Rogerio Rosso, presidente de la comisión de impeachment.