El controversial proyecto de ley que crearía el Museo de la Era de Trujillo, procura recuperar no solo los bienes muebles e inmuebles que pertenecieron al dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, sino también evitar que quienes los detentan en la actualidad, puedan venderlos, enajenarlos, destruirlos o sacarlos del país.

Para eso, la iniciativa del diputado Leivin Guerrero (PRD-San Cristóbal), faculta al patronato rector a ubicar, rescatar, solicitar y catalogar todos esos bienes, ya sea que le sean donados, o que se encuentren en manos de particulares.

Inmuebles. Se  considera todos aquellos   bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionarles daños, porque forman parte del terreno o están anclados a él.

En su artículo 16 el proyecto de marras dice que  “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todos los bienes muebles, equipos, vestimentas, armas, insignias y demás objetos empleados o utilizados en la Era de Trujillo que estén en manos de entidades del Estado, deben ser entregados al museo”.

La iniciativa, que ha sido rechazada por distintos sectores de la sociedad, incluidos  41 de los 45 expositores en las vistas públicas, dice que los propietarios de esos bienes estarán obligados a reportar su posesión al Patronato y  convertirse en sus guardianes. Eso calienta el debate.