Paulino: sectores buscan desaparición de Pro Consumidor

Paulino: sectores buscan desaparición de Pro Consumidor

La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Altagracia Paulino, denunció que hay sectores interesados en hacer desaparecer la institución, tratando de desconocer las facultades que la ley le otorga.

Dijo que esos sectores están conspirando contra la jurisprudencia a través de “grupos pagados” que ya han comenzado a pronunciarse en los medios de comunicación en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia que reconoce la potestad de Pro Consumidor para sancionar a los violadores de la ley 358-05.

“Esos grupos planean elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de desconocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la potestad de Pro Consumidor para sancionar a los violares de la ley 358-05”, manifestó.

La directora de Pro Consumidor alertó a los jueces del más alto tribunal del país a no dejarse sorprender. Agradeció a los jueces de la SCJ por emitir esa decisión y hacer el acto de justicia de devolver la potestad sancionadora a Pro Consumidor.

Dijo que los derechos del consumidor son derechos fundamentales consagrados en la Constitución, por lo que no hay nada de inconstitucional en la decisión de la Suprema Corte de Justicia ni en lo que establece la Ley 358-05”. Agregó que la Ley 358-05 le da a Pro Consumidor ocho títulos habilitantes para sancionar y poner multas.

“Yo, como directora ejecutiva de Po Consumidor, puedo multar independientemente de la acción penal. Ahora, quien le ha faltado al ciudadano, sea del sector público o privado, tiene que pagar por el daño y resarcir al afectado. Eso está claro en la Ley y en el artículo 53 de la Constitución de la República.

Agregó que fue un acto de justicia “lo que la Suprema hizo, que fue confirmar lo que está contenido en la ley 358-05, que regula los derechos del consumidor”.

Indicó que en derecho administrativo “existe la figura del Ministro Juez, con lo que logra abreviar los procedimientos como parte del principio de eficiencia y eficacia del derecho público».

 

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