El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) afirmó ayer que acoge y celebra los avances contenidos en la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, pero lamenta que algunos aspectos de ella sean contrarios a las reformas demandadas por la sociedad, y otros se queden cortos.
Dijo que mantiene las expectativas de que en el futuro próximo la nueva legislación sea perfeccionada en lo que sea posible, por la reglamentación de la Junta Central Electoral (JCE) en consulta con el sistema partidista, y en breve plazo se le dé fiel cumplimiento.
Aspectos que requieren mejoría. En opinión de PC, el aspecto más negativo de la ley recién promulgada es el contenido en el párrafo III del artículo 45 que otorga el privilegio a los organismos cúpulas de los partidos de decidir el tipo de registro de electores y el padrón a utilizar en la elección de sus candidatos, en desmedro de los estatutos y principios que consagran la democracia interna, dejando un espacio a impugnaciones de aspectos constitucionales.

Afirmó que la Ley se queda corta respecto al financiamiento de las elecciones primarias con padrón interno o el de todos los ciudadanos, ya que las aportaciones estatales a todos los partidos en el año preelectoral no alcanzarían para cubrir su costo, “mucho menos si apenas dos se acogen a métodos de elección que impliquen la apertura de todos los colegios y el complejo escrutinio de los votos individuales a múltiples aspirantes a los 4 mil 106 cargos electivos”.
Asimismo dijo que mantiene “serias reservas” sobre la carga que se impone a la JCE de organizar de forma simultánea hasta dos tipos de elecciones primarias y procesar sus resultados en plazo de 5 días, dadas las experiencias de las dos semanas que ha tomado el escrutinio del voto preferencial individual para apenas 190 diputados en las elecciones congresuales y municipales desde el 2002, incluyendo las del 2016 cuando no se concluyó en cientos de colegios electorales.
Igual consideró que el sistema de sanciones establecido en la ley no es suficientemente disuasorio de los delitos y abusos, y en algunos casos resulta irrisorio.
Ratificó su rechazo al sistema de distribución del financiamiento estatal a los partidos (80-20) ratificado en la ley; consideró “ridículos” los topes a las contribuciones individuales a los partidos y al gasto de los precandidatos; y “deplorable” que la proporción destinada a educación de los miembros de los partidos se haya reducido en la ley del 25 al 10 por ciento y a cero en los años de elecciones.