El movimiento cívico Participación Ciudadana responsabilizó al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de la aprobación de un Código Penal que protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento, vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal sin importar el precio a pagar.

Indica que la dirección del partido de Gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del Congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales. “Por esta razón hacemos un llamado al presidente de la República Luis Abinader a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido”, señala PC.

El proyecto de Código Penal establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción, un problema mayor que se ha llevado importantes recursos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo, por lo que debería colocarse como crimen de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, indica PC.

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Aborto y discriminación

Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.

La organización asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases.

Deplora que el proyecto aprobado en el senado violenta además los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha obligado a decenas de organizaciones nacionales e internacionales a dar un grito de alarma ante este retroceso institucional.

Otro aspecto que critica PC es que se eliminara el artículo que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual, a sabiendas de que la Constitución establece el derecho a la igualdad.

Violencia machista

En tanto Profamilia manifestó que las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño, en torno a la penalización de la “actividad sexual no consentida” son un claro ejemplo de violencia machista que aún persiste en la sociedad dominicana.

Indicó que sus palabras no solo son ofensivas, sino que promueven y perpetúan la idea de que las mujeres son propiedad de sus esposos y que no tienen autonomía sobre sus propios cuerpos. “Afirmar que una mujer casada no tiene derecho a negarse a tener relaciones sexuales con su esposo es completamente inaceptable”.