La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, advirtió ayer que son pasibles de ser sometidos a la ley penal los regidores que pretenden aprobarse pensiones de entre RD$70 y RD$80 mil mensuales.

Recordó que hay un principio constitucional que establece que nadie puede legislar en provecho propio.

“Si le corresponde la pensión esas son instancias específicas, pero nadie, y menos en un proceso de transición, que es lo que le da la ojeriza a la población, puede estar legislando en provecho propio y pueden ser sometidos a la Ley penal, por prevaricación, cohecho y otros tipos jurídicos penales”, advirtió.De su lado, el rector

de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón, dijo al respecto que el Estado debe priorizar sus recursos a las necesidades más importantes, como son la seguridad ciudadana y la educación.

“…y lógicamente el bienestar social y económico, si estamos educados y la gente no tiene comida y empleo entonces delinque”, señaló ante las intenciones de los regidores salientes.

Se recuerda que una porción de regidores, que fueron desbancados del Poder Municipal, están demandando pensiones con el propósito de garantizar una mensualidad de por vida, al margen de lo que establecen las normas y leyes vigentes.
El anuncio de la intención ha generado el rechazo de diferentes sectores, en especial los llamados a velar por el cumplimiento de las leyes.

El presidente de la comisión de regidores del Distrito Nacional, César Cabrera, ha dicho que el proyecto de resolución que impulsan sobre las pensiones en el cabildo, que será conocido la próxima semana, no violará la ley 379-81.