Participación Ciudadana (PC) considera que el caso Odebrecht va camino a la impunidad y aumenta la convicción de que el Ministerio Público actúa como instrumento político, pues el expediente oculta deliberadamente las responsabilidades de las gestiones gubernamentales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), excluye varias personas y no documenta el destino del 67% del dinero transferido a Ángel Rondón, cabeza del entramado.
Otra falencia del expediente, según PC, es que las investigaciones han evadido las sobrevaluaciones y el financiamiento de campañas electorales que involucran a los asesores políticos del presidente Danilo Medina, los brasileños Joao Santana y Mónica Moura.
“Es inadmisible que tras año y medio del escándalo no se hayan realizado las auditorías de los costos de las obras, ni se hayan establecido responsabilidades sobre la violación de la Ley de Compras y Contrataciones, con sobrecostos que en casi todas las obras superaron los límites legales”.
Cita como prueba del financiamiento ilegal de las campañas electorales, la confesión pública del exministro Temístocles Montás, que admitió haber recibido dinero de Ángel Rondón para el PLD en las elecciones de 2008, 2012 y 2016. Sin embargo, Montás quedó liberado de imputación.
Solo dos. PC refuta que en la acusación solo aparece un funcionario de los gobiernos del PLD, el exministro Víctor Díaz Rúa, y el senador Tommy Galán, aunque del total de las transferencias el 33% llegaron a las cuentas de Rondón, en el Gobierno de Leonel Fernández, y el 67% en el de Medina. “Es relevante que en el período de contratación de las plantas de carbón, entre 2013 y 2014 los depósitos a las cuentas de Rondón para los admitidos sobornos, ascendieron a 49.6 millones de dólares. Pese a ello ningún funcionario de este Gobierno, ni de sus obras contratadas, aparecen implicados”, dijo PC al pedir explicación sobre a dónde fue a parar ese dinero.
Dice que es resaltante que dos presidentes del Senado, que ahora son presidente y secretario general del mayor partido de oposición, figuren como acusados por haber gestionado la aprobación de los dos primeros contratos, pero no ocurre lo mismo con quienes presidieron las cámaras legislativas cuando se aprobaban 15 de los 17 contratos, con adendas que elevaron los costos, aún de las dos obras contratadas entre 2000-04.

Asimismo crítica la exclusión de familiares de Rondón y Díaz Rúa, que aparecen como beneficiarios de grandes sumas de las transferencias,
Advierte Participación Ciudadana que solo una renovación de la movilización nacional contra la corrupción y la impunidad evitará que el escándalo Odebrecht se sume a muchos otros sin sanción de la justicia. Anuncia que se sumará al «campamento de la dignidad y resistencia verde».