Participación Ciudadana (PC) indicó que la revelación hecha por cuatro diputados, basada en documentos de la Contraloría General de la República, de contrataciones a Joao Santana y su esposa Mónica Moura por RD$1,346 millones “son razones más que suficientes para justificar con creces” la solicitud de una comisión especial para investigar los pagos.
En carta al presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Darío Maldonado, PC dijo apoyar sin reservas la petición y mostró su descontento por lo transcurrido ante la petición de un comisión para la indagatoria.
La solicitud de investigación la hicieron los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Faride Raful, Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, que pidieron una comisión para investigar los pagos a favor de las empresas Cine&Art y Polis Caribe durante el 2012-2017, propiedad de la pareja.

Raful aseguró que cuando Santana salió del país en febrero 2016 a enfrentar la justicia brasileña por recibir pagos en el extranjero que provendrían de sobornos en Petrobras (siendo condenado a prisión), éste renunció a asesorar la campaña del presidente Danilo Medina, momento en que aspiraba a la reelección. No obstante, la diputada sostuvo que las empresas de Santana siguieron recibiendo dinero por parte del Estado.

El movimiento catalogó como incorrecto el comportamiento del diputado Radhamés Camacho al solicitar sacar el caso del hemiciclo cameral y canalizarlo a través de los tribunales, ignorando que, de acuerdo al artículo 93 de la Constitución, el Congreso Nacional no solo legisla, sino que además tiene funciones de fiscalización y control de finanzas públicas, por lo que tiene facultad de nombrar comisiones especiales de investigación.
“La Constitución es reiterativa al respecto cuando en su artículo 246 dispone que el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”, añade PC.
Participación Ciudadana sostuvo que los legisladores Raful, Paulino, Díaz y Burgos, no solo cumplían con su obligación como diputados, sino que también desempeñaban su deber ciudadano descrito en el artículo 75 de la Constitución, de velar por el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.
“No se trata de defender colores partidarios en la Cámara de Diputados sino de anteponer los colores patrios, ante un hecho tan revelador como el que implica pagos millonarios a dos personas vinculadas al caso Odebrecht, sobre todo, una parte de los pagos realizados con posterioridad a su condena en Brasil a cinco años de prisión por 19 cargos de lavado de activos. Todo esto implica que el gobierno dominicano ha estado pagando servicios a personas condenadas por actos de lavado, hecho que por sí mismo es gravísimo y merece no solo ser investigado, sino una explicación detallada por parte de las autoridades comprometidas en tales hechos”, alegó PC, que representa el capítulo local de Transparencia Internacional.