El movimiento cívico Participación Ciudadana expresó ayer su total apoyo a la resolución emitida la pasada semana por la Junta Central Electoral (JCE), en la que prohíbe toda actividad político-electoral y otorgó plazo para que las promociones sean retiradas de lugares públicos.
En un documento, la entidad de la sociedad civil valoró la medida como justa, oportuna y pertinente, ya que asegura no solo está dentro de las atribuciones que la Constitución de la República asigna al organismo electoral, sino que responde a un reclamo nacional que el Congreso y la clase política han ignorado por décadas.
“Desde que comenzó a discutirse en el país el primer proyecto de Ley de Partidos y el de Ley Electoral, uno de los puntos con mayor apoyo ciudadano es el referente a la limitación de las campañas electorales y, como consecuencia, de los gastos de los partidos y candidatos”, refiere el texto.
La entidad indica que la JCE está llamada a actuar en consonancia con sus funciones, entre las que está reglamentar los tiempos y gastos de campaña.
Manifestó que esa es una conquista que los países democráticos han puesto en práctica desde hace décadas, y son muchas las razones que justifican la limitación de las campañas.
Fortalece democracia. Participación Ciudadana señaló que las libertades propias de las sociedades modernas están reguladas, como reconoce la Constitución, en función del interés colectivo y de lo que funciona mejor para el fortalecimiento de la democracia y la convivencia social.
Encarece la política. Pero además de eso, la entidad acentuó que las campañas a destiempo provocan un aumento excesivo en el costo de la actividad política y para llegar a ocupar una posición electiva.
Agregó que las campañas ilimitadas solo favorecen a precandidatos que ostentan funciones públicos, prestándose al abuso y a la utilización de las instituciones y cargos para imponerse sobre los aspirantes que no tienen tales posiciones.
El movimiento cívico reiteró la necesidad de que sean aprobadas las leyes Electoral y de Partidos Políticos y que las mismas contengan las medidas necesarias para regular la actividad política, especialmente el costo y la obligatoriedad de rendición de cuentas, con las debidas sanciones para quienes incumplan.
Sigue campaña. Pese a que la JCE prohibió las actividades políticas proselitistas, ayer cientos de seguidores del expresidente Leonel Fernández, en un franco desafío a la decisión, salieron a caravanear en distintos puntos del país.