El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja,  consideró que en el país se ha producido  un retroceso en materia de combate a la corrupción administrativa.

Dijo que el discurso de “tolerancia cero” hacia ese delito aún no se ha puesto en  práctica.

Declaró que a pesar de las denuncias públicas que se hacen contra distintos funcionarios, a los que se les atribuyen la comisión de actos dolosos desde la función pública, el Estado no lleva a cabo ningún tipo de acción que implique una sanción efectiva.

Atribuyó la situación, además de la impunidad,  a la debilidad de las instituciones llamadas a sancionar e investigar ese flagelo. Opinó que la Dirección  de Persecución de la Corrupción y el Poder Judicial no han evidenciado la capacidad necesaria para enfrentar los casos de corrupció 

CNM.   Cabreja afirmó  que  Participación  está muy preocupada por  la forma en que se ha  llevado a cabo el proceso de escogencia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.

Manifestó que ciertamente la Constitución obliga a la designación de los miembros de esas instituciones, “pero también a una readecuación del marco legal y jurídico del país”, fase ésta  que entiende debió agotarse primero.

Cabreja precisó que existe un interés  de los partidos políticos en repartirse esos cargos, y de ahí la forma tan acelerada con que se está realizando ese proceso.

Calificó como contraria a la Constitución la  designación  de Félix Vásquez en la membresía del  Consejo de la Magistratura.