Ante el retroceso que registra el proceso democrático nacional, especialmente en el ámbito del partidarismo político, Participación Ciudadana considera necesario que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general pongan mayor atención al torneo electoral en curso para robustecer los reclamos de equidad, transparencia, reducción del clientelismo y el rentismo,  y respeto a los procedimientos democráticos universalmente proclamados.

PC en esta etapa preelectoral concentra mayor atención al financiamiento de los partidos, al contenido y alcance de la propaganda y actividades de la campaña electoral, los planteamientos y debates programáticos y a los recurrentes abusos del patrimonio público, el rentismo, el clientelismo y el transfuguismo.

De acuerdo al 1er. Informe de Observación Electoral 2016 lo más relevante en el actual proceso de escogencia de los candidatos de los diversos partidos políticos ha sido un significativo retroceso en el proceso de institucionalización democrática, privando a los militantes y miembros de los partidos políticos de los derechos a elegir y ser elegidos, después que las principales formaciones políticas habían instituido métodos de amplia participación, como las elecciones primarias.

Además, la escogencia de los candidatos a cargos legislativos y municipales va en el peor derrotero, negándosele a miles de ciudadanos su derecho a optar democráticamente, como consagra la Constitución de la República, enuncia la ley electoral y establecen los estatutos partidistas.

Participación Ciudadana informa de lo lamentable que a medio año de las elecciones parece obvio que se agota el tiempo adecuado para la reforma del sistema electoral y que la sociedad dominicana volverá a las urnas sin haber adecuado sus normas a  la Constitución del 2010, sin haber aprobado el proyecto de Ley de Partidos y  Agrupaciones Políticas que se debate desde 1998.

Todo parece indicar que no hay voluntad política para aprobar leyes que mejoren los mecanismos democráticos al interior de las organizaciones políticas y que garanticen equidad y pulcritud en las campañas electorales, con límites al gasto, sanción de los abusos de los recursos estatales y transparencia en el financiamiento de partidos y candidatos.

En relación al  proceso organizativo por la Junta Central Electoral (JCE), Participación Ciudadana pudo evidenciar que las informaciones disponibles indican que el proceso organizativo de los comicios del 2016 avanzan, tanto en lo concerniente a los recursos financieros, tecnológicos y humanos, en cumplimiento a su calendario de ejecución. Como novedad tecnológica, la JCE efectuó un concurso y eligió una empresa que supliría y administraría el escrutinio automático de la votación.

Empero, en audiencia pública, los delegados de dos de los partidos mayoritarios formularon objeción, aduciendo que la firma seleccionada no muestra suficiente garantía de eficiencia e incluso que había tenido fallos en la demostración que se les hiciera.

Por lo delicado de lo concerniente al escrutinio, y por la multiplicidad de cargos a ser elegidos en tres boletas diferentes, la JCE no debe forzar la contratación del escrutinio automático sin un consenso entre los actores políticos.

La transmisión electrónica de las actas ya permitió un adelanto considerable en el ofrecimiento de los resultados en las elecciones del 2012.

Un elemento de preocupación lo constituye la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no han renovado la Cédula de Identidad y Electoral, a un mes de vencimiento del plazo para cerrar el registro de electores. No obstante, el órgano electoral ha incrementado una campaña publicitaria al respecto.

Un informe del 28 de octubre indica,  que a esa fecha,  los electores eran 6 millones 365 mil 452. No se identifica,  cuántos faltan por renovar la cédula a nivel nacional. En el exterior, distribuidos en 28 países, los electores totalizan 328,649, de los cuales sólo 217,070 han renovado la cédula, lo que implica que 111,579, el 34% no lo ha hecho.

Uno de los temas que habrá que prestarle especial atención en las próximas elecciones generales, es al traslado de electores de un municipio a otro.

En anteriores procesos electorales, en los que se eligieron representantes ante el Congreso Nacional y los gobiernos locales, ha sido una práctica común el cambio de dirección de una alta cantidad de ciudadanos/as de una demarcación electoral a otra, con el propósito de incidir en los resultados electorales.

Esto es posible sobre todo en aquellos lugares donde el padrón registra pocos electores y la diferencia entre quien resulta electo y quien pierde unas elecciones es mínima.

Una de las tareas que tiene pendiente la JCE es responder a las solicitudes de reconocimiento incoadas por diez partidos y quince movimientos provinciales y municipales para presentar candidaturas.

El estricto respeto a los derechos ciudadanos obliga a una respuesta diligente y a no repetir la lentitud con que se respondieron en septiembre las peticiones de otros 8 partidos y tres movimientos, algunos de los cuales tuvieron que esperar hasta dos años.

Participación Ciudadana invita a las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general a integrarse a la Red de Observadores Electorales para garantizar unas elecciones libres y transparentes, dejando atrás las frustraciones y el cansancio generados por los retrocesos e integrarse a la lucha por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.