El movimiento cívico Participación Ciudadana exhortó a la Cámara de Diputados a modificar su posición sobre el impacto disuasivo de las penas por delito de corrupción, tras considerar que la prisión por ese delito debe ser de 10 a 20 años.

Lamentó el tratamiento superficial y benigno dado a las penas en la tipificación del delito de corrupción en el proyecto de Código Penal por los miembros de la Cámara de Diputados.
Se quejó porque pese a la gravedad de la infracción de corrupción, reconocida por la Constitución en su artículo 146, la Cámara de Diputados pretende imponerle a los acusados prisión menor de 2 a 3 años, en vez de prisión mayor de 10 a 20 años como ha hecho con el peculado.

“PC hace un llamado a los miembros de la CD, para que modifiquen su posición sobre el impacto disuasivo de las penas a los fines de que se aumenten las mismas para equipararlas a las de peculado, que van de 10 a 20 años, dándole autonomía a la infracción de corrupción, a fin de que no requiera ampararse en otro tipo penal para alcanzar la pena que le corresponde tomando en cuenta la gravedad de la infracción y que legislen en función de los intereses del pueblo”, planteó PC.

Refirió que en el Índice de Percepción de la Corrupción el país está en la posición 28 de 180 naciones por lo que la tipificación y penas de ese flagelo se deben tratar según los daños que ocasionan.

“El flagelo de la corrupción afecta a todos, socava la democracia y el estado de derecho, facilita las violaciones de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida de las personas y permite la aparición de la delincuencia organizada”, dijo PC.
Sostuvo que el control de la corrupción es fundamental para el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática.

“Es un deber encararla a través de las políticas públicas, ya sea de carácter preventivo, como la adopción de medidas de transparencia, competencia y criterios objetivos en la contratación pública”. dijo.