La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, consideró que la destitución del ingeniero Diandino Peña como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) ante la investigación periodística del programa El Informe con Alicia Ortega demuestra una falta de voluntad política para la persecución de la corrupción y una ausencia clara de mecanismos de control y fiscalización de los órganos responsables de intervenir en estos casos.
Aunque valoró la destitución, lamentó que la acción se tomara luego de que el tema se destapara en un medio de comunicación.
“Lamentamos mucho que tenga que divulgarse en un medio de comunicación las irregularidades de los funcionarios públicos para que el Gobierno ofrezca una respuesta mediática”, dijo.
De acuerdo a la publicación periodística, luego de meses de investigación, Diandino Peña posee 29 empresas, muchas de ellas offshore, las cuales nunca reportó en su declaración jurada de bienes.
Impunidad. Citó que en este caso, al igual que las destituciones de los directores de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) son una muestra más de que la destitución es un símbolo de impunidad, ya que es una práctica constante del Gobierno central frente a denuncias y hechos evidentes de irregularidades de actos de corrupción, donde la salida en estos casos es “la destitución”, lo que se puede valorar como un premio.
Sosa Pérez señaló que lo procedente y correcto en estos casos es que el Presidente de la República actúe cónsono a lo expresado en sus diferentes intervenciones públicas de que no tolerará en “su Gobierno” actos de corrupción.
Ministerio Público debe actuar. Sosa Pérez manifestó que esta ocasión, como en las pasadas destituciones, implica un reto más para la Procuraduría General de la República para que investigue y persiga, sin ninguna diferencia política partidaria, a todo aquel funcionario público destituido frente a la alarmante y escandalosa violación de la Constitución y de las leyes.
Agrega que el Ministerio Público debe formular, en un plazo razonable, las acusaciones pertinentes a fin de poner de una vez por todas término a la corrupción “rampante” que existe en la República Dominicana.