Participación Ciudadana afirmó ayer ningún tribunal dominicano debe homologar el acuerdo firmado por el Ministerio Público con el consorcio brasileño Odebrecht, hasta tanto se conozca el alcance de los daños sufridos por el país en las negociaciones con esa empresa.
Dijo que sería una irresponsabilidad extrema homologar un acuerdo que parece excluir las sobrevaluaciones en los contratos adjudicados a Odebrecht a través del soborno, y que dicha empresa admitió le dejaron ganancias por US$163 millones, los que se constituyen con toda claridad en enriquecimiento ilícito.
Indicó que el acuerdo de marras debió incluir una cláusula que establezca que las sumas y forma de pago fueron convenidos de manera preliminar, y que las cifras y conceptos definitivos serán establecidos luego de culminadas las investigaciones y validados por los tribunales dominicanos.
“Pretender que no se devolverá lo que la empresa se ganó con el fraude, equivale a decir que bastará con que devuelva lo robado para librarse de todo tipo de sanción, y para colmo, seguir operando en la República Dominicana como si nada hubiese pasado, lo que debe ser inadmisible para el pueblo y el gobierno de la República Dominicana”, dijo PC, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
¿Información privilegiada? PC lamentó que en el acuerdo el Ministerio Público no haya obtenido ninguna información sobre los funcionarios dominicanos sobornados, sino el compromiso de Odebrecht de proporcionarle las declaraciones dadas por 77 ejecutivos ante el Ministerio Público Federal de Brasil, que es lo que está bajo confidencialidad en ese país.
“Pero no la información que tiene en sus archivos a través de su División de Sobornos, llamada por ella División de Operaciones Estructuradas, donde también está la información de cuáles contratos y funcionarios dominicanos se encuentran involucrados en el caso de soborno transnacional más grande, y en el que lamentablemente nuestro país está entre los protagonistas principales”, subrayó.
Abogó porque el Gobierno, al igual que lo está haciendo con el caso de Los Tres Brazos, rescinda todos los contratos que tiene actualmente con Odebrecht, amparado en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite la rescisión unilateral sin responsabilidad para el Estado dominicano en casos como éste, como lo han hecho ya otros países.
“Participación Ciudadana quiere dejar constancia de que más importante que el resarcimiento económico, que debe perseguirse hasta el último centavo, es la sanción penal que debe recaer sobre todos los responsables de haber contribuido a extraer de las arcas públicas los escasos recursos con los que cuenta nuestro país para cumplir con una deuda social que se arrastra históricamente y que mantiene a más de un 40% de la población en la pobreza”.