Este lunes, el movimiento Participación Ciudadana expresó su profunda preocupación ante lo que consideran una «burla» por parte de los funcionarios públicos hacia la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio Público.

Según la organización, una gran mayoría de los servidores públicos no ha cumplido con la obligación de presentar su declaración en el plazo establecido por la Ley No. 311-14, lo que refleja apatía y desidia hacia el mandato legal.

La ley estipula que los funcionarios tienen 30 días para declarar su patrimonio al tomar posesión de sus cargos, un plazo que ya ha expirado. Sin embargo, según Participación Ciudadana, muchos funcionarios, incluidos legisladores, no han presentado sus declaraciones, a pesar de haber tenido más de 120 días para hacerlo desde su elección el pasado 16 de mayo.

Esto es especialmente alarmante, dado que se espera que los legisladores den el ejemplo en el cumplimiento de las leyes que ellos mismos promulgan.

Algunos legisladores han solicitado una extensión del plazo, lo que, según el movimiento, demuestra un claro desconocimiento de la ley, ya que el reglamento solo permite una prórroga de 10 días en casos donde la declaración ha sido incompleta, no cuando simplemente no se ha presentado.

Participación Ciudadana ha hecho un llamado a la Cámara de Cuentas y a la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos para que publiquen los nombres de aquellos que han cumplido con la ley, aquellos que lo han hecho de manera tardía, y quienes aún no han presentado sus declaraciones. Asimismo, instan a que se informe si se han enviado los casos de incumplimiento al Ministerio Público, como lo establece la ley.

Finalmente, la organización solicita a las autoridades nacionales que apliquen el régimen de consecuencias vigente, proponiendo incluso una reforma que inhabilite a los funcionarios que no cumplan con la declaración para ejercer cargos públicos en el futuro.