Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, aseguró ayer que el país tiene grandes desafíos y retos en la promoción y ejecución de muchas de las normas y políticas para aumentar los controles de transparencia y reducir la corrupción.

Al rendir cuentas de los resultados, logros y retos del  “Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia”, la titular de esa institución, valoró positivamente los avances relacionados a la participación de la sociedad civil en el proceso de cambio del sector público.

No obstante afirmó que “la corrupción continúa siendo uno de los problemas principales que enfrenta el país, la ausencia de control social y el poco interés ciudadano de demandar a sus representantes gestiones eficientes y transparentes, por lo que cualquier propuesta de superación del problema debe ir acompañada de políticas que articulen un movimiento social que contribuya con la creación de una cultura de transparencia en el ejercicio de las funciones públicas”.

En materia de Administración Pública, reconoció el aporte del Programa y el Ministerio de Administración Pública  con avances como los 56,000 servidores incorporados a la Carrera Administrativa; la evaluación del desempeño de 250,296 servidores públicos; y el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) funcionando en 90 instituciones con 220,000 expedientes.

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El programa

Participación Ciudadana desarrolló el programa “Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia” con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social (Ceges) del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales (Cies), de la Universidad Iberoamericana (Unibe),  que contó con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid). Robert Rodhes, de ese organismo, felicitó a las instituciones por los logros obtenidos.