La directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), Rosalía Sosa, informó que el movimiento cívico está documentando casos considerados “de mega corrupción en el Gobierno” y trabajan de forma coordinada con los capítulos de Transparencia Internacional de México, Guatemala, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, en lo relativo al escándalo de la empresa brasileña Odebrecht.
“Estamos coordinados, intercambiando información y dándole seguimiento a lo que se dice afuera, para comparar lo que se hace aquí dentro (en República Dominicana”, indicó la abogada. Sostuvo que Participación Ciudadana continúa haciendo presión y les interesa mucho la investigación de los casos Embraer, de los aviones Tucanos y de la construcción del hospital Darío Contreras. Consideró que si se compara lo que han hecho las fiscalías de Panamá, Perú y de Colombia con el caso Odebrecht, entienden que en República Dominicana no se está haciendo nada, porque no hay que darle un compás de espera a la información que tiene la fiscalía federal de Brasil, para actuar. Planteó que eso no es lo que han hecho los tres países que han investigado el asunto. Sosa expresó que en el país debería haber gente presa o por lo menos con medida de coerción sobre este caso. Recordó que cuando a una persona se llama a declarar sobre un caso, como ha sucedido en el país por los contratos de Odebrecht, “es porque ya se tiene un supuesto o una hipótesis de que realmente hay una certeza de que tiene vinculación”, y señaló que en Perú hay dos personas presas y en Panamá también, con orden internacional de captura. Le preocupa que después del viaje a Brasil, el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, diga que la población va a tener información, pero bajo la condición de que se homologue el acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público, lo que a su juicio, le crea una presión al juez que conozca el caso. Dijo que le agrada que países tengan la decisión férrea de investigar y perseguir tratando de descubrir los responsables de actos de soborno, pero en República Dominicana no; lo que hay son promesas de que no habrá impunidad.