Participación Ciudadana consideró ayer que el procedimiento que ha iniciado la Procuraduría General es una maniobra tendente a sacar de la magistratura, de manera precipitada y violatoria de las leyes, a fiscales reconocidos por su buen desempeño, para sustituirlos por personas allegadas al responsable del Ministerio Público y a los intereses del partido de turno.
En una nota dijo que el artículo 41 de la Ley 133-11 establece que la posición de procurador fiscal titular será elegida por un período de cuatro años y “su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único período consecutivo, previa evaluación de desempeño”.
“El Procurador, con más de dos años en el puesto no cumplió con esta disposición y ahora, de forma apresurada, llama a un concurso limitado al mismo cargo, incluyendo a fiscales que ya les queda menos de dos años para cumplir el tiempo máximo permitido”, expresó en el texto.

Denunció que hay violaciones, como la omisión de las evaluaciones que establece la ley; la imposición precipitada de un procedimiento que no les corresponde a quienes ocupan los puestos; y la concerniente al impedimento de presentarse para puestos de rango superior.

“No queremos incurrir en especulaciones sobre las razones que se esconden detrás de estas violaciones”.