El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) consideró que los argumentos ofrecidos por el expresidente Leonel Fernández en su  discurso del martes permiten confirmar que violó la Constitución y las leyes “en la generación del mayor déficit fiscal que ha tenido el país en toda su historia, desde que se llevan registros oficiales”.

En un documento de su Consejo Directivo, PC dice que la reducción de los ingresos a la que alude Fernández como una de las causas del déficit debió llevarlo a contraer el gasto y no a aumentarlo, como lo hizo, violando el artículo 44 de la Ley de Presupuesto que dice: “Las apropiaciones aprobadas por el Congreso constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a disponibilidad efectiva de los ingresos estimados”.

 Agrega que una de las causas más importantes del déficit ya había sido reconocida por el ministro de Economía, Temístocles Montás,  cuando declaró que el gasto público se expandió en más de un 2% del PIB porque el presidente Fernández “entendía” que debía terminar sus obras, lo que representó un gasto por encima de lo presupuestado, entre 50 y 60 mil millones de pesos adicionales.

 “Antes de que el Congreso aprobara, el 13 de julio de este año, la Ley de Presupuesto Complementario, ya el Gobierno, por instrucciones de Fernández, según lo declaró el ministro Montás, había excedido ampliamente el déficit autorizado en la Ley de Presupuesto General del Estado”, dice Participación Ciudadana.

Querella. “Por otro lado, nos ha generado una profunda decepción que el Procurador General de la República no cumplió con su deber de realizar una profunda investigación sobre las causas que generaron el déficit y entre las motivaciones para rechazar la denuncia interpuesta por Alianza País, admitió sus sentimientos personales hacia el expresidente, los que precisamente le impedían conocer y decidir la misma”, dice PC.

Agrega que la desestimación de Domínguez Brito tampoco se refiere a  los contenidos de malversación y sobrevaluación  de obras ni responsabilidades de los otros funcionarios acusados, Félix Bautista y el ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.