Los acontecimientos de las últimas semanas han demostrado que el retroceso del sistema de justicia es mucho más grave de lo que se pensaba, y lo que comenzó con el interés de partidos y líderes políticos por controlar los tribunales para asegurar impunidad, se ha expandido a la venta de sentencias al mejor postor, como en los peores tiempos de Balaguer.

Con la elección de la Suprema Corte de Justicia en 1997, protegida por los conceptos de carrera judicial e inamovilidad absoluta consagrados en la reforma constitucional de 1994, se inicia un proceso de reforma judicial que se ve amenazado cuando el entonces presidente del más alto tribunal, Jorge Subero Isa, abandona su criterio de que solo jueces de carrera sean designados y pacta en el año 2001 con el presidente Hipólito Mejía la repartición de las tres posiciones vacantes.

En el año 2008 el caso de la SunLand, movido por el interés político partidario, fracciona en tres a la Suprema Corte de Justicia y se inicia un franco retroceso en el sistema de justicia que tiene su punto culminante cuando el pacto de las corbatas azules logra una reforma constitucional que elimina la inamovilidad absoluta para los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo que permite en el 2011 la recomposición de la misma y su control por parte del partido en el poder y sobre todo de su principal líder en ese momento.

El escándalo que ahora se destapa descubre un entramado organizado con ayuda de un miembro del Consejo del Poder Judicial, con la finalidad de impartir instrucciones a los jueces

en aquellos casos de interés político, que posteriormente se extiende al simple negocio de venta de sentencias a cambio de dinero.

Las pocas evidencias que han sido expuestas a la opinión pública señalan a Francisco Arias Valera, entonces juez y miembro del Consejo del Poder Judicial, como la persona que facilitaba desde el Poder Judicial el contacto con los jueces. Este consejero ya había sido denunciado por prácticas parecidas en el año 2013 por el magistrado José Ignacio Medrano Quéliz ypor la magistrada Santa Moreno, y más tarde, este mismo año, por la magistradaYsis Muñiz, por posiciones contrarias a la ética. En ninguna de las tres ocasiones el Consejo del Poder Judicial hizo absolutamente nada.

Una de las evidencias, es un recibo en el cual la magistrada Awilda Reyes Beltré devuelve al magistrado Arias Valera la suma de RD$350,000.00 que ella había recibido de él mismo para liberar a un regidor preso por sicariato, documento que sorprendentemente se encuentra firmado por ambos, y en algunos medios se ha publicado que fue en presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien se inhabilitó como juzgador en este caso, pero no como testigo de lo ocurrido en las reuniones que sostuvo con la magistrada.

La Procuraduría General de la República ha identificado siete jueces involucrados en este entramado ilegal, sin que se sepa en este momento cuántos son realmente los que forman parte del mismo ni cuántos casos se han resuelto bajo estas condiciones.

Pero no se trata solo del Poder Judicial, pues otras dos columnas del sistema de justicia han mostrado debilidades que contribuyen no solo a la impunidad en materia de corrupción pública sino a su deterioro y consecuente pérdida de credibilidad. Nos referimos al ministerio público y los abogados.

Por un lado, está el ministerio público con la preparación de expedientes débiles, con errores que demuestran la necesidad de una mejor preparación de sus miembros, y con su débil posición ante el poder político, como lo demuestra la decisión injustificable del Procurador General de la República de no recurrir en casación el no ha lugar que favoreció al senador Félix Bautista.

Cuando se trafican sentencias, no en todos, pero en muchos casos,existe la participación o por lo menos complicidad, por acción u omisión, de los abogados del caso, lo que demuestra que también deben investigarse las responsabilidades de los profesionales del derecho. Que la justicia sea corrupta no justifica nunca que el ejercicio del abogado tenga por igual que corromperse.

Lamentamos la rueda de prensa del magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues no informó a la sociedad todo lo que conocía, como por ejemplo las evidencias que poseía contra el ex consejero Arias Valera, a quien en vez de someter a juicio disciplinario, prefirió obligarlo a renunciar, pretendiendo inútilmente sacar el escándalo de la esfera del Poder Judicial.

Los hechos denunciados deben mover a todos los actores del sistema, incluyendo sobre todo al Consejo del Poder Judicial, a investigarlos hasta las últimas consecuencias y corresponde al ministerio público someter a la justicia penal a todos los involucrados, tanto a lo interno como a lo externo del Poder Judicial.

No se puede pretender cerrar este escándalo, condenando solo al eslabón más débil de la cadena, en este caso la magistrada Awilda ReyesBeltré, quien también debe asumir su responsabilidad penal, pero conjuntamente con todos los demás, sobre todo aquellos que actúan desde fuera del Poder Judicial, corrompiendo a jóvenes jueces en los que se ha invertido recursos públicos en su formación.

La gravedad de los hechos denunciados amerita, además, una revisión completa del sistema de justicia y por tanto favorecemos una cumbre de todos los actores del sistema, incluyendo a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sin necesidad de convocatoria de este organismo, acompañados por la sociedad civil.

No se puede excluir la convocatoria formal del Consejo Nacional de la Magistratura para que comience a recabar informaciones que le permitan cumplir con su mandato constitucional cuando le toque evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el tiempo que manda la Constitución.