Participación Ciudadana considera muy grave que la Contraloría General de la República trate de validar procesos que a todas luces son ilegales y que han ocasionado en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) actos de corrupción administrativa en perjuicio del Estado.
Carlos Pimentel, director ejecutivo de la organización, pidió al Ministerio Público ampliar las pesquisas del caso e investigar a todos los que tuvieron alguno tipo de vinculación con la contratación de servicios, incluyendo a los auditores de la Contraloría que autorizaron contratos y pagos sobre la base de las violaciones que la Cámara de Cuentas señala en su informe.
“Todos los que tengan responsabilidad deben ser sometidos a la justicia”, recalcó. A su entender, similar situación podría estar ocurriendo en otras instituciones del Estado, razón por la cual favorece la derogación de la resolución 15/08.
“Esta disposición que se presta a tanta confusión y que sirvió de base para el funcionamiento de una estructura que estaba realizando contrataciones en provecho personal de algunos servidores públicos debe ser derogada”, precisó.
Dijo que es lamentable el comunicado emitido por la Contraloría, tras expresar que es la primera vez que esta institución fiscalizadora del Estado objeta una auditoría de la Cámara de Cuentas, lo que, además, no es de su competencia. Dijo que los argumentos de la Contraloría no se justifican.