Las organizaciones Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación MASADA y Santiago Somos Todos depositaron una reiteración formal a la denuncia penal que hiciera sobre presunto financiamiento ilícito de campañas electorales.

“Ante la falta de actuación del Ministerio Público sobre la denuncia penal que solicita la investigación y posterior acusación del posible financiamiento ilícito de Odebrecht a campañas electorales en República Dominicana, en 2012 y 2016, estas organizaciones reiteran su formal denuncia”, destacaron durante una rueda de prensa celebrada este lunes.

Dicen que a cuatro meses de haber recibido la denuncia, la Procuraduría General de la República no ha avanzado con las investigaciones correspondientes, a pesar de la gravedad de los ilícitos denunciados; la referencia de elementos probatorios fehacientes y concordantes y la inequívoca relación de los elementos anteriores con la normativa punitiva aplicable.

A continuación el documento íntegro de Participación Ciudadana:

Ante la falta de actuación del Ministerio Público sobre la denuncia penal que solicita la investigación y posterior acusación del posible financiamiento ilícito de Odebrecht a campañas electorales en República Dominicana, en 2012 y 2016, las organizaciones Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación MASADA y Santiago Somos Todos depositaron una reiteración formal a la denuncia penal y añadieron nuevos elementos de prueba. Asimismo, se adhirió el Centro Montalvo a las organizaciones firmantes.

A cuatro meses de haber recibido la denuncia, la Procuraduría General de la República no ha avanzado con las investigaciones correspondientes, a pesar de «la gravedad de los ilícitos denunciados; la referencia de elementos probatorios fehacientes y concordantes; la inequívoca relación de los elementos anteriores con la normativa punitiva aplicable”, sostiene el documento.

A los fines de robustecer la denuncia original, las organizaciones añadieron nuevos elementos de prueba relacionados a acontecimientos que ocurrieron posterior a su entrega el pasado 2 de mayo. Entre estos, las declaraciones de Juan Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien admitió en un comunicado publicado en espacio pagado, que recibió aportes para tres campañas políticas de su partido por parte de Ángel Rondón, representante comercial en la República Dominicana de la empresa Odebrecht, durante los años 2008, 2012 y 2016.

También se agrega la declaración del coimputado Víctor José Díaz Rúa, en la que narró que para la construcción de la segunda etapa del acueducto de la Línea Noroeste en el año 2005, el entonces secretario de la Presidencia, Danilo Medina Sánchez, fue quien personalmente dirigió la misión oficial que se trasladó a Brasil a gestionar el apoyo financiero para ésta y otras obras públicas. «Esta declaración se produjo para justificar lo innecesario que resultaba la intervención del señor Angel Rondón como intermediario en las relaciones entre el Estado dominicano y la empresa Odebrecht”, explican.

Se incluye además la Resolución 47/17, sobre las medidas de coerción en contra de los imputados del caso Odebrecht, en la que el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, admitió, que la entrega de fondos, favores o pagos en especie a un funcionario público, constituye un ilícito penal cuando el propósito sea la obtención de beneficios o ventajas determinadas para aquel que la hace.

La entrevista realizada por el periódico El País de España al abogado de la constructora, Rodrigo Tacla, se integra entre los elementos de prueba por considerar de gran interés las informaciones allí presentadas. En el reportaje titulado “El gran escándalo de América, al descubierto” y publicado el pasado 28 de julio, Tacla expone el esquema de corrupción utilizado por la empresa: “El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. Tenía un acuerdo con el publicitario João Santana. La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno”. Más adelante, afirma que Odebrecht tenía una relación muy cercana con el presidente Danilo Medina, a quien recomendó al publicitario João Santana.

El candidato y presidente Danilo Medina reconoció en el 2016, en una entrevista a un medio de comunicación, que el publicista brasileño Joao Santana era su principal asesor de campaña y admite que “el señor Joao Santana ha estado en el equipo de asesores de mi campaña como el asesor principal, porque son varios, está afectado de una acusación que le hacen en su país y él espontáneamente me dijo que tenía que ir a enfrentar su situación a Brasil”.

Ante estos y otros indicios, las organizaciones demandan al Ministerio Público, esclarecer si el partido oficialista, PLD, recibió fondos de Odebrecht, a través de las empresas “Polis Caribe, SRL.” y “CINE&ART2013, SRL”, ambas propiedades del publicista brasileño Joao Santana, tal y como afirman varios altos funcionarios de esa empresa en instancias judiciales de Brasil. De confirmarse la veracidad de las delaciones premiadas en Brasil, de esos funcionarios, se habría violado en la República Dominicana la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, su Constitución, el Código Penal, la Ley Electoral, la Ley de Lavado de Activos y la Ley sobre el Soborno en el Comercio y la Inversión.

La denuncia especifica que en una cuenta establecida en un banco de Santo Domingo la empresa CINE&ART 2013 del asesor de campaña electoral del presidente Danilo Medina recibió 4 millones 396 mil 796 dólares entre octubre del 2013 y julio del 2014 en 16 transferencias provenientes de empresas de Odebrecht establecidas en Lima Perú, cuyo destino final es de fácil rastreo en el sistema bancario.

Los denunciantes confían en que su acción contará con el respaldo de las autoridades, como forma eficaz y definitiva de aclarar la veracidad o la falsedad de las declaraciones de los altos ejecutivos de Odebrecht, S. A. , al igual que recibirá el apoyo decidido de todos los/as dominicanos/as de buena voluntad, como una evidencia más de la invariable determinación de poner fin a la era de la impunidad en República Dominicana.