Participación Ciudadana (PC) solicitó ayer al Senado que depure la lista de los preseleccionados por la Comisión Especial para integrar la Junta Central Electoral (JCE), “ya que no deben ser cuestionados por sus acciones irregulares del pasado, ni por su vinculación partidaria ni por lealtades políticas firmemente afianzadas que constituirían elementos centrales a la hora de tomar decisiones electorales fundamentales”.
Destacó que “la facultad constitucional atribuida para elegir a los miembros y suplentes de la JCE, supone un efectivo sometimiento a la Constitución, a las demás leyes y a su reglamento, es decir, que el Senado tiene que actuar como debe y no como quiere”.
PC lamentó “que se preseleccionaran ternas sin que sus competencias estuvieran reguladas, metodología establecida y procedimiento definido, porque no obstante el mandato reglamentario de “elaborar una metodología y el procedimiento procedente no se realizó, atentando contra la garantía de la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la JCE”.
Recordó que la designación de los miembros titulares y los respectivos suplentes, debe ser por las dos terceras partes de los senadores presentes reunidos en sesión del pleno senatorial.
“Sin embargo, en los medios de comunicación aparecen intervenciones de senadores y de su presidente (Reinaldo Pared Pérez), sugiriendo nombres de personas e informando el consenso de un bloque partidario sobre quién podría ser el presidente del órgano electoral, situación que contamina el procedimiento de elección y genera más desconfianza de la ciudadanía sobre la legalidad del proceso”, advierte PC en nota de prensa.
Indica que las indelicadezas y faltas constituyen elementos que afectan el ejercicio de las funciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias.
Añade que las actuaciones y declaraciones de algunos miembros del Senado “son motivos suficientes para descalificarlos al momento de decidir en la designación, porque ya han manifestado sus preferencias y simpatías, situación nociva que afecta la legalidad del proceso”.
Resalta que el poder mal usado, la intolerancia y la imprudencia, acompañado de los acuerdos y alianzas político-partidarias es el precio que pagan los dominicanos cuando se irrespetan los valores supremos y los principios fundamentales de la democracia.
“Nueva vez, el proceso que se ejecuta es un laboratorio de aprendizaje del uso avasallador del poder por el control absoluto del órgano rector electoral, afectando el proceso democrático de elección de los miembros y suplentes, sin tomar en cuenta los principios constitucionales de la concertación, el diálogo y la unidad social, los cuales deben ser los fundamentos de un poder del Estado que actúa en nombre y representación del pueblo dominicano”, observa PC.