Participación Ciudadana considera positivo que en su primer mes de gestión, la nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) publicara tres auditorías realizadas a igual número de instituciones del Estado, tras precisar que marca una ruta con miras a recuperar la reputación perdida y, por lo tanto, ganarse la confianza de la ciudadanía.

Los informes en los que se detectaron irregularidades durante gobiernos pasados, corresponden a los ministerios de Hacienda (MH) y de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), así como al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

PC lamenta que los informes no fueran publicados de manera oportuna por los incumbentes del momento.

La voluntad de publicarlas sin pérdida de tiempo, implica un compromiso inicial con la transparencia en los trabajos de esa importante institución del Estado, presidida por Emma Polanco Melo e integrada por Francisco Tamárez Florentino, como vicepresidente y Francisco Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, como miembros.

“Una auditoría pretende examinar, utilizando las guías especializadas elaboradas por la Cámara de Cuentas, las transacciones, registros, documentos, informes y los estados de ejecución presupuestaria, con el propósito de verificar el cumplimiento de la entidad con las disposiciones legales aplicables, incluyendo las normativas contables, presupuestarias y de control interno, para así sustentar el dictamen sobre la razonabilidad y legalidad de las cifras e informaciones contenidas en los estados de ejecución presupuestaria de la entidad, por parte de los auditores asignados por la CCRD”, indica.

Esas tres primeras auditorías publicadas, revelan no solo la distracción de fondos públicos, sino, además, el enorme descuido con que se gestionó la cosa pública, que implica pérdidas importantes de recursos en perjuicio del Estado, es decir, para la ciudadanía en general.

Presidenciables

En estos tiempos donde, en violación a la ley, ya existen aspirantes a candidaturas para las elecciones todavía distantes del 2028, pero, sobre todo, que varios de esos aspirantes al mismo tiempo ocupan posiciones en la administración pública, se hace necesario que la Cámara de Cuentas incluya en su calendario de auditorías aquellas entidades públicas administradas por esos aspirantes, para tratar de poner un freno al uso de los recursos públicos con fines electorales, señaló Participación Ciudadana.

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Es importante señalar, agrega, que tanto la aplicación como las recomendaciones realizadas por la CCRD, son de cumplimiento obligatorio.