La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, reclamó ayer a los legisladores cumplir con la función de legislar, controlar y fiscalizar los fondos públicos en representación del pueblo dominicano, y demandó que actúen con sentido común al momento de decidir sobre los topes de US$100,000 asignados en el presupuesto a la exoneración para la importación de sus vehículos.
A través de un comunicado, Sosa Pérez recordó que Participación Ciudadana interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en el año 2010 contra la Ley 57-97, que exonera a los legisladores del pago de los impuestos de importación de vehículos de lujo en perjuicio del Estado dominicano. Hasta la fecha no ha recibido respuesta.
“Los derechos adquiridos representan un beneficio real y consumado, no un beneficio antojadizo con fines de lucro como es el caso de los vehículos de lujo que adquieren los legisladores con los impuestos que pagan los ciudadanos”, dijo.
Sostuvo que el presupuesto debe estar muy de la mano con las funciones que desempeñan las instituciones, y salvo que tengan la intención de sustituirla dentro de las facultades propias de la función legislativa, no es atribuible la de beneficios o privilegios irritantes a cargo de los contribuyentes dominicanos, puntualizó.
Para la organización de la Sociedad Civil resultan injustos los privilegios con los que cuentan los legisladores a costa de los impuestos que pagan los ciudadanos.
“Nos cargan las exoneraciones de vehículos de lujo, el barrilito, el cofrecito, las canastas, los bonos navideños, los reyes, las madres, las ayudas mensuales y especiales que nada tienen que ver con su función constitucional de legislar”, aseguró.