En su evaluación del año 2020, el movimiento cívico Participación Ciudadana deploró la corrupción del pasado Gobierno en medio de la pandemia de covid-19 y el proceso electoral, y destacó el compromiso contra la impunidad que exhiben las actuales autoridades.

El colectivo ciudadano inició su evaluación anual al asegurar que el 2020 sería recordado como el año en que, después de 16 años continuos, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “fue desplazado del poder con el agravante de que sale dividido, dejando una estela de escándalos de corrupción y abuso de poder que ya están llegando a los tribunales”.

PC sostiene que la corrupción experimentó un aumento en los meses finales del anterior Gobierno y que dos escenarios fueron utilizados para ese “despropósito”: las tres elecciones y los estados de emergencia por el coronavirus.

Cita que los gastos gubernamentales en publicidad, el aumento injustificado de la nómina pública, facilidades financieras en el bando estatal y contratos de obras excesivos para financiamiento indirecto de las campañas fueron utilizados para favorecer al anterior partido oficial y su candidato presidencial.

Por otro lado, la entidad cívica señala que al asumir la Presidencia de la República Luis Abinader, se produjeron amplias promesas y expectativas de combatir la corrupción y terminar con la impunidad.

En ese orden, la organización no partidista destaca que el año finaliza con expectativas positivas en torno a la persecución de la corrupción, con avances en casos notorios como el de la constructora Odebrecht, la Operación Antipulpo y el del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

PC argumenta que todavía es pronto para emitir un juicio sobre corrupción en el actual gobierno, pero elogió el trato que se le ha dado al caso de la exministra de la Juventud Kinsberly Taveras, quien permanece bajo investigación por su declaración de patrimonio.
Sin embargo, la organización ciudadana entiende que el principal reto de la actual Gobierno es cumplir sus promesas.

El golpe de la pandemia. Participación Ciudadana ponderó las consecuencias de la covid-19 para el país, enfermedad que lleva un saldo de más 150,000 afectados y más de 2,300 pacientes que han muerto.

A su vez, las medidas para contener el virus provocaron el cierre de empresas y la suspensión o despido de cientos de miles de empleados, lo cual obligó al Estado a implementar programas de ayudas sociales disminuir la “severidad” de la crisis en la ciudadanía.

La presencia del virus también obligó al Poder Judicial a restringir los servicios hasta que fue implementado una desescalada que no termina de satisfacer a algunos usuarios.