PC solicita mayor coordinación de los poderes del Estado para enfrentar corrupción

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El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) solicitó hoy una mayor coordinación de los poderes del Estado para perseguir con mayor eficiencia los casos de corrupción, de los que citó 94 casos cometidos entre el 2000 y 2013, que involucran a funcionarios, empresarios y hasta presidente de la República Dominicana.

En este sentido, la coordinadora general de PC, Sonia Díaz Inoa, durante la puesta en circulación del Libro “La Corrupción sin Castigo”, resaltó el hecho de que  los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil han realizado numerosas denuncias de corrupción y que las autoridades no han hecho nada.

Señaló que la entidad recoge en 257 páginas denuncias de corrupción realizadas por una gran variedad de personas e instituciones, no solo de la oposición política o de instituciones dedicadas al tema, sino además provenientes de organismos oficiales.

Dijo que los casos reseñados se encuentran en diferentes situaciones extraprocesales y procesales: unos simple denuncia en los medios,  otros  en denuncias o querellas ante el Ministerio Público, donde están en fase de interrogatorios o investigación, algunos en etapa preliminar o de juicio y otros ya concluidos cuyas decisiones varían desde el archivo, auto de no ha lugar, absolución,  descargo, puesta en libertad y se resaltan ocho condenas.

Expresó que llama la atención que en la investigación la motivación de la denuncia o de la querella es en base a las auditorías realizadas por empresas privadas por la Contraloría General o por la Cámara de Cuentas,  las cuales ascienden a 17.

Mientras que, Miriam Díaz Santana, Coordinadora de la Comisión de Transparencia calificó de inaceptable el argumento de que en el país no hay suficientes leyes para sustentar el castigo de la corrupción.

“Si bien podría mejorarse o endurecerse las penas, esto no justifica que nadie o muy pocos hayan recibido castigo por actos de corrupción y que una gran parte de  las personas que aparecen en estos expedientes y denuncias sean funcionarios, legisladores y políticos activos que descaradamente utilizan las riquezas sustraídas para mantener su vigencia política”, manifestó Díaz Santana.