El movimiento somos Pueblo, Rosalía Sosa y Cándido Mercedes, directora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), así como la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) calificaron ayer de desacertadas las declaraciones del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, al decir que sectores que participan en el Movimiento Verde pretenden desestabilizar el Gobierno.

Sosa dijo que las personas tienen el derecho a la asociación, a reunirse y la libertad de expresión, y son libertades públicas establecidas en la Constitución. “Es nuestro deber como ciudadanos reclamar una administración pública decente, monitorear los recursos públicos, que haya una buena administración y eso es lo que pide el Movimiento Verde”.

Destacó que hasta el momento las marchas verdes han sido pacíficas, ordenadas, de respeto, no ha habido atentado contra la integridad de nadie, ni a la propiedad, y han respetado la institucionalidad del país porque las han notificado a Interior y Policía, a la Policía Nacional y las instituciones necesarias.

“Lamentamos mucho esas declaraciones que son para amedrentar a los ciudadanos. Seguirán los reclamos y no pararán hasta que logremos poner fin a la impunidad con el caso paradigmático de Odebrecht versus Estado dominicano”.

Dijo que el Movimiento también marcha para que se aclaren otros casos de corrupción.

Sosa adelantó que planifican una actividad en mayo que realizarán en Azua, y si Amarante Baret no le autoriza realizarla, entonces estaría violando un derecho constitucional.

Movimiento social. De su lado, Cándido Mercedes manifestó que es muy triste ver al ministro de Interior y Policía hacer esa denuncia porque el Movimiento Verde es social, que promueve el ponerle fin a la impunidad y a la corrupción rampante en el país.

“Lo que pasa es que estos funcionarios están viviendo en el 2017, con libreto del 1960, que todo era conspiración y que están desestabilizando, cada vez que había un movimiento la gente de Balaguer decía que era una conspiración”.
Manifestó que es muy fácil decir que están desestabilizando, pero los desestabilizadores son los que violan las leyes, los que no son transparentes y los que se aprovechan de los recursos públicos para fines privados.
Señaló que la corrupción no es inmune a ningún país, pero en otros países cuando descubren quién cometió corrupción la justicia prevalece y le imponen una sanción sin importar la jerarquía económica, social o política.

Explicó que la Constitución, en su artículo 22, dice que se pueden denunciar las faltas cometidas por funcionarios en el desempeño de su cargo, y el artículo 75 establece velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. “Eso es lo que hace el Movimiento Verde, velar por el funcionamiento de la democracia y patrimonio publico”, dijo.
Somos Pueblo. El  movimiento  Somos  Pueblo expresó  su  rotundo  rechazo  a  las declaraciones de Amarante  Baret. “Lejos  de  constituir  una  acción  cívica  desestabilizadora,  Somos  Pueblo  entiende  que  este  sentir  nacional  busca  retornar  a  las  autoridades  al  cumplimiento  de  la  ley  bajo  los  mecanismos  que  las  leyes  ponen  en  nuestras   manos”,   expresó      César Rodríguez,   vocero   de   la   entidad.
Rodríguez pidió al  ministro  Amarante Baret que  presente  las  pruebas  con  que  cuenta  para  denunciar  esos  fines   espurios  para  que  de   esa   forma   contribuya   realmente   con   la   democracia.
«El  único  objetivo  de  la  gran  diversidad  que  conforma  al sentimiento  que  está  moviendo  a  nuestra  nación  es  construir  un  mejor  país,  lo  cual  implica  que  Somos  Pueblo  como  parte  de  este  colectivo  no  tiene   ninguna  intención  de  romper  el  orden  constitucional   democrático  de  la  República  Dominicana”.
Le sugiere a Amarante Baret que  más  que  preocuparse  por  las  movilizaciones  debería  preocuparse  por  las  irregularidades  de  su  gestión  frente  a  la  Dirección  General  de  Migración,  sustentadas  en  una  auditoría  de  la  Cámara  de  Cuentas  que  el  Ministerio  Público tiene  engavetada.
«Esa  debería  ser  su  real  preocupación  como  también  debería  preocuparse  por  las  innumerables  denuncias  de  corrupción  en  su  contra  en  el  Ministerio  de  Educación,  y  el  uso  de  los  recursos  del  Estado  en  la  pasada   campaña   electoral   para   favorecer   a sus   familiares”, manifestó.
Acusación tremendista. La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) calificó de infundada, tremendista y oportunista la acusación del ministro Amarante Baret. Dijo que con ella pretende que el Gobierno logre la solidaridad de sectores conservadores, en momentos en que la generalidad de la sociedad pide un cese de la corrupción y la impunidad. “Tenemos la firme convicción de que Carlos Amarante Baret no está en las más mínimas condiciones de hacer ningún tipo de acusación cuando de combate a la corrupción se trate”, dice la CONA.