Participación Ciudadana, PC, y la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, rechazaron hoy el acuerdo que propone el Poder Ejecutivo con respecto a los títulos de propiedad de los terrenos correspondientes a la zona de Bahía de Las Águilas y el Parque Nacional Jaragua.

PC  llamó a la ciudadanía a apoyar las acciones de movilización que las organizaciones de la sociedad civil están desarrollando para oponerse a lo que califican como un nuevo atropello a la institucionalidad.

De su lado, FINJUS sugiere al presidente de la República que ordene la revisión de las decisiones tomadas con el fin de que no vulnere eventualmente la Constitución y las leyes. 

Asimismo observan graves negligencias cuando las diferentes autoridades del IAD (Instituto Agrario Dominicano) incumplieron la responsabilidad que le atribuye la Ley de revocar los derechos concedidos a terceros en el caso que estos no sean utilizados para fines compatibles con la reforma agraria.

FINJUS afirma también que se transgredió la Ley 145 que prohíbe donar, vender o negociar las parcelas de la Reforma Agraria y no se observó el Decreto 152-92, que dispuso la obligación de gravar con la calidad de Bien de Familia los Certificados de Títulos contentivos de los derechos transferidos.

PC  aclara que apoya firmemente el desarrollo de la región sur del país, pero que para el desarrollo de un territorio de tanta pobreza como el sur, no es preciso regalar sus tierras a quienes se las han apropiado de manera ilícita.

Dijo que es absolutamente falso que ese acuerdo transaccional sea la única vía para resolver el impasse.

Indicó que prestigiosos juristas ya han identificado otras soluciones legales que no atentan contra el patrimonio nacional y que son mucho más ventajosas tanto para el sur como para el resto del país.