Participación Ciudadana afirmó que  la decisión del presidente Danilo Medina de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron “ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de las Águilas” lo hace cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades.

En un documento indica que el decreto firmado por  Medina y que  otorga   poder al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las demandas del Estado que persiguen recuperar los terrenos y  premiar con un 45% del valor a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

“Los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial  no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido”, indica en el texto.