Pecado de origen

Entre los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) parece no haber unidad de criterio sobre la capacidad de ese tribunal para aplicar con éxito la Ley de Primarias. Ese solo hecho valdría para colocar en tela de sospecha legítima la viabilidad de la citada legislación para los fines institucionales que siempre debe procurar la JCE.

La aplicación de la Ley de Primarias provocaría un enorme gasto en organización y fiscalización de las elecciones internas de todos los partidos para la selección de sus candidatos, pero además colocaría a la JCE en condición de juez y parte en dichos procesos. Habría que ver a la JCE, primeramente organizando, disponiendo y supervisando las primarias, y más adelante juzgando y fallando sobre impugnaciones a procedimientos o sus resultados.

Pero además la Ley de Primarias está afectada de un pecado de origen. Fue aprobada sin agotar un proceso idóneo de consultas y promulgada a la carrera el último día de ejercicio del anterior Gobierno, que la impulsó como un arma para dirimir pugnas internas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Se trata de una ley que requiere importantes adecuaciones para que pueda llenar los cometidos que se pretenderían con la democratización de las elecciones internas de los partidos.

Lo más prudente sería aplazar su aplicación, modificarla y proveerla de un reglamento adecuado, y preparar a la JCE para que pueda aplicarla sin que pueda aparecer como juez y parte en procesos que deben ser de la exclusiva soberanía de los partidos políticos.

Violencia de género

Un día como hoy del 1960 fueron asesinadas por la tiranía de Rafael Trujillo las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. El suceso ha quedado registrado como una de las más despiadadas y repudiables expresiones de violencia de género que haya tenido lugar en el país, hasta el grado de que la fecha fuera internacionalizada como “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”.

Pero no ha sido esa la única muestra de ensañamiento contra la mujer. En esta tierra caribeña, de arraigado machismo, la violencia contra la mujer ha cobrado dimensiones epidémicas y vigencia cotidiana.

Es difícil que pase un día sin que una mujer haya sido víctima de violencia física, y es difícil que pase una hora del día sin que haya sido agredida de alguna manera en su dignidad.

Aún con los avances hacia la modernidad, en nuestro país la violencia contra la mujer suele formar parte aún de ciertos rasgos culturales de la familia. Desde temprana edad, muchos varoncitos captan como algo normal el ejemplo del padre maltratando a la madre, pero también se inculca en las niñas una noción de superioridad del hombre que justificaría que éste maltrate a la mujer.

Esta cultura es lo que ha multiplicado en nuestra sociedad el maltrato contra la mujer, el feminicidio abundante y una amplia gama de abusos de género que incluyen la discriminación laboral de la mujer, que lleva a remunerarla desventajosamente en comparación con el hombre.

En esta sociedad se ejerce contra la mujer mucha más violencia que la que percibimos a simple vista. La cuestión no es predicar contra esta violencia de género, sino hacer de esa prédica una práctica en todos los ámbitos en que se vulnere la integridad física o moral de la mujer.