Pedidos  reformas centran 42ª asamblea general   OEA

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CIUDAD DEL VATICANO. AFP.  El mayordomo del papa Benedicto XVI, el italiano Paolo Gabriele, detenido por haber filtrado documentos reservados del pontífice, fue interrogado ayer  por el juez de instrucción del Vaticano, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.  

Al interrogatorio, realizado por el juez vaticano Piero Antonio Bonnet, encargado de la instrucción formal y que duró varias horas, asistieron los abogados del mayordomo, Carlo Fusco y Cristiana Arrù.   Paolo Gabriele, detenido el 23 de mayo pasado con documentos confidenciales y correspondencia privada del Papa, ha sido acusado de robo de documentos con agravante, por lo que corre el riesgo de pagar una pena de 1 a 6 años de cárcel.  

Según el portavoz de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, se trata del primer «interrogatorio formal» de Gabriele, quien se encuentra en una celda de seguridad, de 4 metros por 4 metros, con servicios higiénicos, localizada en el edificio del Tribunal, dentro de la Ciudad del Vaticano.

  En un encuentro con la prensa, el juez vaticano Paolo Papanti-Pelletier, explicó que Gabriele asistió el domingo a una misa en una capilla del Vaticano acompañado por dos agentes de la Gendarmería «pero sin llevar esposas».   «Las condiciones son dignas. Inclusive come los mismos platos preparados para la Gendarmería. En el interior de la celda hay una ventana, una cama, un crucifijo y un baño», explicó el juez vaticano. 

El único preso.- Por el momento, el mayordomo del Papa es el único detenido por el caso y no se descarta de que cuente con cómplices, por lo que podría ser acusado entre otros delitos, de asociación para delinquir y revelación de secretos políticos, por lo que la pena de cárcel podría aumentar.   Gabriele era uno de los pocos laicos con acceso al apartamento privado de Benedicto XVI y fue designado mayordomo en el año 2006, cuando reemplazó a Angelo Gugel, quien estuvo durante años al servicio de Juan Pablo II. 

 En enero pasado, documentos confidenciales divulgados por la prensa italiana, –el escándalo bautizado como «Vatileaks»–, confirmaron las luchas internas para el cumplimiento de las normas sobre la transparencia.

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