Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador de la Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco), depositó el pasado lunes una instancia en la secretaría de la Procuraduría General de la República en la que le solicita al doctor Francisco Domínguez Brito investigar las denuncias de que hubo sobornos, por parte del Gobierno, para lograr la aprobación en primera lectura de la modificación de la Constitución. En esa instancia el coordinador de Adocco sugiere a Domínguez Brito que primero investigue a los legisladores que han hecho las denuncias, los diputados Ramón Bueno, Nelson Arroyo y Jorge Frías, del PRM, y a la diputada independiente Minou Tavares, y luego a los funcionarios denunciados, entre los que figuran el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y el de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás. Los dirigentes peledeístas César Pina Toribio, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y el exvicepresidente Rafael Alburquerque también favorecen esa investigación, y así se lo expresaron a los periodistas que quisieron conocer su opinión al respecto. Y si alguien saliera a la calle a preguntarle a los ciudadanos que contemplan, entre el asco y el estupor, el espectáculo montado por nuestros congresistas, no tengo dudas de cual sería la respuesta. Pero tal vez sea prudente, y más que nada realista, poner las cosas en su debido contexto, pues lo que se le está pidiendo a Domínguez Brito es que investigue a funcionarios del más alto nivel del Gobierno al que también pertenece, nada menos que por haber “facilitado” la reelección de quien lo nombró en el cargo. Y eso, en un país donde la independencia del Ministerio Público sigue siendo una quimera inalcanzable, es sencillamente pedir demasiado.