Los ingenieros contratistas que construyeron en 1998 el nuevo tramo de la Autopista Duarte que comunica a la capital con Santiago, advirtieron que en su momento exigirán que sean resarcidas las pérdidas económicas millonarias que han sufrido por la ocupación de las tierras del aeropuerto de Herrera.

Recordaron que esas tierras les fueron dadas en pago por una deuda de RD$ 1,100 millones de pesos con el Estado al entregar la obra hace seis años.

Por otro lado, los profesionales que están organizados en la Inmobiliaria Grand Realy, S.A., reclamaron que una vez desalojado el aeropuerto de Herrera por disposición del decreto presidencial 566 04, les sea reconocido su derecho de propiedad sobre dichos terrenos y se ponga fin a lo que definieron como un historial de daños y pérdidas financieras.

También resaltaron la disposición del presidente Hipólito Mejía de aplicar el principio de la continuidad de los actos gubernamentales en el Estado, al emitir la orden de que sean trasladadas las operaciones de vuelos y desmanteladas en un plazo de quince días la torre de control, el radar y otros equipos, con lo que se les facilita a ellos recibir como legítimos propietarios las tierras de la terminal aérea de Herrera.

En un comunicado público titulado «la verdad sobre los terrenos del aeropuerto de Herrera» los contratistas integrantes de Inmobiliaria Grand Realy agradecieron al presidente de la República el haber entendido » que la continuidad del Estado, es una condición indispensable para que las instituciones que negocian con el sector público, tengan la garantía absoluta de que sus acuerdos legalmente realizados serán completamente respetados; pues de esta conducta vertical dependerá la consolidación y el desarrollo de la patria de Duarte, Sánchez y Mella».

«Decimos esto por la atinada decisión tomada por el primer mandatario de la nación, al evacuar el decreto número 566 04 de fecha 23 del mes de junio del año 2004, mediante el cual ordena al director ejecutivo del Departamento Aeroportuario desmantelar en un plazo de 15 días la torre de control, radar, etc., y suspender definitivamente las operaciones del aeropuerto internacional de Herrera para que estas a su vez sean entregadas a sus legítimos propietarios, en nuestro caso, a la compañía » Inmobiliaria Grand Realy, S. A.», expresaron.

Recordaron por resolución de la Junta Monetaria del gobierno anterior, recibieron como dación en pago, equivalente al sesenta por ciento (60%) de los terrenos que ocupa el aeropuerto internacional de Herrera, recibidos a razón de US$456 dólares el metro cuadrado, conforme la tasa del momento, abril 1998″.

Señalan que con dicha resolución la inmobiliaria queda desinteresada y a la vez otorga descargo al Estado Dominicano por la suma de novecientos noventa y dos millones, doscientos diecinueve mil seiscientos tres con 65 RD$ 992,219,603.65 pesos dominicanos; señalando que si hubiese sido pagada al día de hoy ascendiera la suma de ocho mil millones (RD$ 8,000,000,000.00 de pesos en capitales e intereses.

Explicaron que «Inmobiliaria Grand Realy, S.A., ha cumplido cabalmente con sus obligaciones contractuales; pero no ha pasado lo mismo con las personas e instituciones que ocupan los terrenos, lo cual está ocasionando perjuicios evaluados en millones y millones de pesos: los cuales deberán ser resarcidos oportunamente».

Indicaron que seis años ha transcurrido desde que se formalizó el traspaso de la propiedad de las tierras del aeropuerto de Herrera por concepto de dación en pago, nadie ha cubierto a «Grand Realy, S.A., ni los intereses ni el capital de los valores que recibió en tierras.

Señalaron que en todo este tiempo las empresas constructoras de la Autopista Duarte se han visto obligadas a vender propiedades, despedir a miles de sus empleados y además, han perdido equipos y hasta viviendas familiares que fueron puestas en garantía en instituciones financieras de la que son acreedoras.

«Ante la gravosa falta de solución de este problema que descapitaliza y destruye las empresas ejecutoras de la ampliación de la autopista Duarte, instituciones como el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y la Cámara Dominicana de la Construcción, han demandado que se cumplan los compromisos del Estado con los suscritos», afirmaron.

Se quejaron de que cada vez que se hace pública la disposición del gobierno para honrar esos compromisos surgen voces de quienes han disfrutado de esos terrenos «pagando poco o nada, y hasta algunos publicistas que también gozan de ese privilegio, y se dedican a confundir a la población desconocedora de esta realidad, enarbolando los consabidos derechos adquiridos en los que medran a merced de las cosas públicas».