POR MANASES SEPULVEDA
El director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), doctor Octavio Líster, declaró ayer que si el norteamericano de origen judío, Sam Goodsson, a quien ese organismo implicó en el fraude del Plan Renove, no retorna al país será solicitada su extradición.

Asimismo, expresó que podrían haber nuevas órdenes de arresto para los implicados, cuando se profundicen las investigaciones.

El funcionario también dijo no estar conforme con la decisión tomada por el juez del Segundo Juzgado de Instrucción, doctor Víctor Martínez, porque aspiraba a la prisión preventiva.

Precisó también que está considerando la posibilidad de apelar la decisión de ese magistrado, pero que todavía ayer no había tomado ninguna.

«Evidentemente que fueron medidas sumamente suaves que se tomaron, pero demuestran que el juez entendió que había elementos probatorios y que cuando vayamos a juicio, podrían ser incriminadas la mayoría de las personas que están bajo investigación», significó Líster.

El juez Martínez dejó en libertad el pasado viernes al ex secretario de la Presidencia, Pedro Franco Badía; al dirigente sindical Gervasio de la Rosa y al contralmirante Ramón Emilio Jiménez, mientras dispuso arresto domiciliario contra el empresario Juan Julio Morales (Johnny) y la libertad provisional bajo fianza de Siquió Ng de la Rosa, Diógenes Castillo, Fabio Ruiz, Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Pérez Castillo y Antonio Marte.

Líster dijo que todas las actuaciones de carácter coercitivo, deben ser validadas con anterioridad por el juez de Instrucción.

 «Nosotros actuamos en base a un auto que dictara la doctora Doris Pujols, donde ordenaba el arresto», expresó.

Significó que en el plazo de tres meses debe profundizar las investigaciones y que hay otras personas que podrían resultar implicadas.

Señaló que la presencia ayer del dirigente sindical Ramón Pérez Figuereo, es una demostración del interés de que las pesquisas  se profundicen.

«El nos ha dado una serie de informaciones que pueden  que no sean nuevas, pero que en este momento son valiosas», puntualizó.

Consideró que lo ocurrido con el Plan Renove fue un verdadero latrocinio en contra del Estado Dominicano y en detrimento de las masas desposeídas del país.

Reiteró que llevará el caso hasta las últimas consecuencias y que si Goodsson no se presenta para ser investigado, se va a solicitar su extradición porque tuvo una gran  participación en los hechos.

Dijo que no consideró recusar al juez, sobre todo, porque entendía que es la nueva justicia y se dejó a su soberana apreciación ya que es un asunto de consciencia.

Dijo que de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Finanzas, el Estado Dominicano ha tenido que asumir US$32 millones por ese caso bajo investigación.

Expresó que ese organismo, a medida que se profundicen las investigaciones y si es necesario, pedirá órdenes de arresto contra otras personas.

«Nosotros esperamos  que los jueces actúen al nivel que demanda la población, porque este es un caso en que el pueblo ha juzgado. Evidentemente que una cosa es la apreciación del pueblo y otra la que la justicia determine», dijo.