El hacendado Pedro Guillermo Barona, a quien los peregrinos de El Seibo acusan de patrocinar su desalojo, explica que 14 mil de las 20 mil tareas que estos reclaman, las ha comprado en diferentes períodos, a partir de 1985 hasta 2006 a diferentes propietarios.
Considera que el documento de asentamientos campesinos, publicado por este diario el pasado viernes, fue elaborado por una brigada del Instituto Agrario Dominicano (IAD) a raíz de un encuentro del presidente Danilo Medina con campesinos, pero sin ninguna fuerza legal, debido a que no se entregaron títulos a los supuestos favorecidos.
Informó que durante el período citado obtuvo nueve parcelas de su propiedad de las que presentó constancia, así como un mapa de los terrenos, con una parte supuestamente invadida desde hace ocho años, que es propiedad de la esposa del ingeniero “Sancocho Marranzini”.
Rechaza que las 20 mil tareas que reclaman los 613 campesinos de La Culebra, San Francisco, Vicentillo, de El Seibo, sean de los labriegos, al tiempo que define a este grupo como “invasores”.
Durante una visita a la Redacción de este diario, Barona, acompañado del ingeniero agrónomo Santiago Moquete, así como de su asistente Abel Sosa, desconoció el documento de asentamiento hecho por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), a los 613 campesinos en 2016.
Moquete considera que el documento, publicado el pasado viernes, no es más que la forma de las autoridades de legalizar invasiones, muy común en el modo de operar y de los directores del IAD.
Estima que el argumento de los labriegos, de que los predios eran del Estado, se cayó cuando los directores del IAD y del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) explicaron que esas instituciones no tenían propiedades en el lugar.
“El CEA desmiente que esas tierras hayan sido de esa institución, esas propiedades siempre han sido privadas”. Cuestiona que el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos, José Dantés, diga que no sabe cómo Barona adquirió los terrenos que afirma son de su propiedad. Estima que con una simple investigación en el Registro de Títulos, el funcionario puede saber la veracidad de las propiedades. Señala que si el Gobierno está interesado en las propiedades de Barona, simplemente tienen que comprarlos y hacer de los terrenos los que considere.
Lamenta que una de las irresponsabilidades del Estado sea complacer peticiones de personas que están violando la ley, cuando lo que procede es aplicar las normas establecidas, como la 5861, que castiga la invasión de terrenos.
Moquete afirma que la Fundación que preside da todo su respaldo a Barona, ya que es un propietario de una empresa ganadera, que de seguir la situación actual lo llevaría a la quiebra.
Barona, de poco hablar, niega las acusaciones de que dirige grupos armados contra personas en El Seibo y que la muerte de un adolescente en abril pasado la provocó el propio menor a manipular una escopeta.
Una encerrona
Abel Sosa, asistente técnico de la finca de Barona, expone que el plano publicado el pasado viernes en el que aparece el asentamiento campesino por parte del IAD, no es más que un plano de una medida hecha por una brigada de ese organismo a raíz de un encuentro del presidente Danilo Medina, en el que el mandatario cayó en “una encerrona”. Sostuvo que llevaron al encuentro con el mandatario más de 200 personas, que no eran más que los “invasores” con la esperanza de que les otorgaran los títulos. En cuanto al decreto 486-75, a que aluden los campesinos, aclara que fueron 1,800 tareas las declaradas de utilidad pública, propiedad que está distante de las 14 mil de Barona.