Hace tiempo en República Dominicana viene distorsionándose las funciones del legislador, quien, según la Constitución, tiene la misión de legislar y fiscalizar las acciones administrativas del Estado. Cualquier atribución fuera de ahí, está demás.

El diputado reformista por La Romana Pedro Botello viene hace meses encabezando una lucha muy mal llevada, en procura de que los trabajadores logren poder retirar el 30 por ciento de los fondos de pensiones acumulados en las AFP.

No es función de un legislador encabezar luchas reivindicativas de esa naturaleza, y mucho menos como han resultado ser las manifestaciones orientadas por Botello en las inmediaciones del Congreso Nacional, las que se han caracterizados por enfrentamientos violentos entre manifestantes y miembros de la Policía, e incluso, resultando cristales, ventanas y vehículos rotos dentro del recinto legislativo.

Muchas voces autorizadas han reclamado del diputado Botello volver a la sensatez y cordura y que oriente sus acciones por senderos civilizados. No han valido los llamados en ese sentido, pero sus acciones fueron desautorizadas por la propia dirigencia de su PRSC.

Colegas senadores y diputados de distintas bancadas viene reclamando acciones disciplinarias por los actos del diputado Botello, pero hasta el momento todo ha sido enunciado.

Sus colegas de ambas cámaras han llegado a sugerir que Botello sea suspendido de la Cámara de Diputados y sometido a un juicio político, alegando que se ha comprobado que el legislador en cuestión, ha estado patrocinando las manifestaciones violentas en los alrededores del Congreso Nacional.

El propio presidente de los diputados, Alfredo Pacheco anunció que el caso fue asumido por la Comisión de Disciplina de esa cámara, pero mientras tanto, Botello amenaza con volver por sus fueros el 27 de febrero y torpedear el discurso del presidente Luis Abinader. ¿Lo dejarán?