Pedro Manuel Casals Victoria – No cedamos al terrorismo

Pienso que constituye una vergüenza para nuestro Gobierno y para nuestras Fuerzas Armadas haber cedido a la exigencia de secuestradores haitianos, calificados de terroristas por el Departamento de Estado, entregándoles un haitiano investigado por presunta autoría en la muerte de dos soldados dominicanos a cambio de devolver, sanos y salvos, a 10 rehenes nacionales, capturados en Juana Méndez con tal propósito.

Ese acto lamentable e inadmisible no puede calificarse de “Intercambio de Prisioneros” y que nuestra República ni nuestras Fuerzas Armadas están en guerra con Haití ni los bandoleros de Juana Méndez representan al Gobierno haitiano ni son parte de sus Fuerzas Armadas. El acto censurable fue una simple y humillante cesión a la extorsión practicada por unos cuantos bandidos armados.

Dicho acto viola la tradicional política asumida por nuestros Gobiernos anteriores, incluidas nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, conforme a la cual no se cede ante reclamos de secuestradores o terroristas. La razón de esa política es simple y evidente: Si cedemos una vez, la extorsión llega a convertirse en un instrumento que estimula la comisión de nuevos secuestros o actos terroristas. De hecho, la prensa de ayer confirmó que el intercambio fue el segundo en dos meses ya que previamente, el 19 de febrero, las autoridades fronterizas intercambiaron dos ganaderos dominicanos, retenidos en Juana Méndez, por dos delincuentes haitianos investigados aquí y está claro que si no demostramos que no aceptamos tales chantajes, estaríamos incentivando la comisión de delitos de haitianos en la frontera, incluyendo nuevos secuestros de dominicanos.

Para nuestras Fuerzas Armadas la humillación es mayor, pues si es cierto que el bandolero haitiano canjeado tuvo participación en el asesinato de dos soldados dominicanos, esa persona jamás debió ser devuelta a su país y en cambio debió, recibir aquí el castigo riguroso correspondiente. De lo contrario, nos irrespetarán y aumentarán sus agresiones.

¿Qué debimos hacer, entonces? Lo correcto debió haber sido no confiar un asunto tan delicado a las autoridades civiles de la provincia y en cambio, notificar el hecho al Presidente electo haitiano y al comandante de las tropas interventoras de paz, exigiendo garantía de las vidas e integridad física de los rehenes y su devolución en término de 24 horas. Pasado ese tiempo, lanzar una operación de búsqueda y rescate aerotransportada, en Juan Méndez y Fort Liberte, para rescatarlos. En caso de que los bandidos lastimaran o asesinaran a estos, se transformaría la operación en una expedición punitiva con efecto de disuasión para prevenir actos similares en el futuro.

Nuestras Fuerzas Armadas demostraron aptitud logística para realizar tales operaciones cuando montaron rápidamente, un puente con helicópteros, bien guarnecido y fluido, para evacuar con buen éxito a decenas de personas, específicamente diplomáticos, que necesitaban escapar del caos y la violencia imperantes en los momentos críticos de la caída del Gobierno de Aristide. Por tanto, está claro que deben preparar planes para estas contingencias y así prevenir nuevos secuestros y extorsiones.

Adicionalmente, el Gobierno dominicano debe tener la prudencia y la responsabilidad advertir a nuestros ciudadanos, que no hay garantías para su seguridad en el territorio haitiano, negando su acceso a dicho territorio hasta que el orden allí haya sido restablecido y exista satisfactorio control militar y policial.