Hoy 
En varias ocasiones se ha puesto en entredicho por parte de inversionistas extranjeros y sus consejeros legales, la seguridad jurídica en cuanto a la protección de la inversión, sobre todo la inmobiliaria, en nuestro país. Es más, se pensó que con la nueva Jurisdicción de Tierras los problemas en cuanto a deslindes y titulación serían cosas del pasado. Esto no ha acontecido así. Todavía, abogados y agrimensores inescrupulosos continúan realizando deslindes sobre deslindes en aquellos terrenos de vocación turística cuyo precio por metro cuadrado ha ascendido como la espuma. Lo peor del caso es que se les da cabida en los tribunales y hemos tenido conocimiento de litis sobre terrenos que se habían favorecido de la usucapión; es decir, de la prescripción de más de treinta años y hasta la corta de diez.
Hay juristas o mejor dicho abogados picapleitos que se dedican a poner oposiciones a las ventas de terrenos con el propósito de negociar una transacción para levantar las mismas, sin que se produzca, como establece la ley, una litis sobre terrenos registrados. Es más, se ha desarrollado la práctica de personas que vendieron hace muchos años, con el devenir del crecimiento por emporios turísticos, se han interpuesto litis en las cuales los vendedores quieren prevalecerse de haber vendido a precio vil, olvidando que cuando hicieron las ventas, esos eran los precios que prevalecían en el mercado de bienes raíces.
Con el develamiento de una mafia que operaba en la Jurisdicción de Tierras, inclusive miembros del Tribunal Superior de Tierras, se ha puesto en peligro la ya frágil inversión extranjera, ya que se ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema y de la tenencia de la tierra. Se debería seguir indagando para establecer si esta red no tenía ramificaciones en los diferentes tribunales del país.
En el lavado de dinero. La persecución y el descubrimiento de empresarios que utilizaban la venta inmobiliaria para encubrir sus acciones dolosas, es un funesto precedente que puede poner en grave peligro la venta de terrenos e inmuebles, especialmente en los lugares turísticos. Se ha pretendido que el comprador de buena fe se convierta en investigador o simplemente un policía para hacer inversiones en el país. El empresario español que engañó a una cantidad indeterminada de compradores de apartamentos, villas y hasta terrenos baldíos, no deben pagar los platos rotos del accionar de este ahora fugitivo empresario.
Si queremos preservar la seguridad jurídica, el Estado Dominicano debe correr con todos los gastos, tanto jurídicos como económicos y otorgar garantías de que las transacciones serán respetadas sin que se tomen represalias contra los adquirientes que no tienen los medios de defenderse ante estos trapaceros que abandonan el país cuando son descubiertos. Es deber de nuestra justicia defender y mantener las operaciones de buena fe que se hicieron so pena de confrontar problemas en demandas en cortes internacionales. Si a situaciones como las descritas no se le pone coto y se afianza de nuevo la credibilidad en nuestro sistema jurídico, las personas que quieran invertir en bienes raíces tendrán que contratar empresas dedicadas a la investigación financiera de los inversionistas que desarrollan proyectos en toda la República, so pena de no tener que pasar por las situaciones engorrosas de los adquirientes de buena fe que hoy ven con pavor cómo sus nombres salen a relucir en operaciones que no tenían la más mínima idea del negocio al que se dedicaban los desarrollistas. Esto es un grave problema que el Estado Dominicano debe abordar con sumo cuidado para no cometer exabruptos que le puedan alejar la inversión extranjera.
