Participación Ciudadana tiene un exitoso programa llamado Observación Electoral que propugna por una mayor limpieza y transparencia de las elecciones nacionales, congresuales y municipales, donde el ciudadano votante elige y decide quienes serán sus futuros gobernantes y cuál el partido de su preferencia dentro de abanico de posibilidades que ofrece las opciones partidarias.
Consiste en darle seguimiento al proceso desde su inicio, que normalmente comienza antes de la fecha oficial, hasta su culminación cuando la Junta Central Electoral, cerrada las votaciones y terminado el conteo de votos, anuncia al ganador de la contienda, luego de emitir varios boletines que mantienen en expectativa a la ciudadanía y particularmente a la militancia política dando cuenta de cómo marcha el proceso y cuáles los resultados parciales obtenidos de las diversas mesas electorales organizadas a lo ancho y largo del territorio nacional.
Por lo regular, a nadie le gusta ser observado, sobre todo si se trata de la vida personal o privada de cada quien; pero tratándose de asuntos de interés público, gústele o no a persona o institución alguna, el derecho a observar y el deber de hacerlo en forma ética y objetiva, vienen a ser un imperativo cívico, como el de respetar (no sólo permitir), ese ejercicio democrático que constituye una obligación moral y constitucional de las autoridades y los partidos políticos que participan en el evento.
En el ejercicio de esa facultad, Participación Ciudadana, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales, ha venido desde antaño denunciando anomalías e intentos de fraudes, algunos consumados, y desarrollando en términos generales, una labor ardua y eficiente que le ha merecido ganada fama de seriedad y prestigio al punto de ser reconocida Capítulo Nacional representante de Transparencia Internacional en el país.
Esa voluntad inquebrantable de observación, de darle seguimiento al proceso, ha tenido como consecuencia antagonizar con partidos y militantes de uno u otro color y bandería cuando, llegados al poder, se creen con derecho, creado por mal hábito y la impunidad, de disponer a su antojo de los recursos del Estado para favorecer las aspiraciones de sus propias candidaturas, violando cuantas normas de equidad y de legitimidad les salga al paso. Viene al canto el reciente informe de Participación Ciudadano dando cuenta de la desigualdad en la promoción de candidatos durante la campaña al mes de diciembre, unido a otros escándalos denunciados recientemente, donde del total de vallas contadas en tres carreteras regionales del país, la candidatura oficial Danilo-Margarita (PLD) reúne 1,667 vallas promocionales equivalentes a un 62.8%, mientras el binomio Hipólito-Abinader, del principal partido opositor (PRD) cuenta tan sólo con 327 vallas, equivalente a un 12.3%.
Las demás candidaturas de partidos minoritarios, víctimas de su pobre visión y de la política discriminatoria del sistema, las encuestas y los medios informativos y publicitarios que callan pecados con medias verdades, se reparten apenas el resto del pastel.
Si eso fuera todo, no fuera nada. Lo que ostensiblemente se ve, es sólo la punta de iceberg que señala las profundidades del mal que padecemos.
Cómo están dispuestas las cosas de manera que mañana los resultados no nos cojan de sorpresa.