El cierre temporal de los cinco consulados dominicanos que operan en Haití –localizados en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano, Anse-a Pitre, Juana Méndez y Belladere-, anunciada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, expone el hecho innegable de que la crisis domínico-haitiana ha escalado hacia niveles de preocupante peligrosidad.

Se trata de una medida prudente, firme y obligada dentro de las actuales circunstancias, dirigida a preservar la seguridad del personal diplomático de la embajada dominicana y nuestros consulados en Haití. En los últimos días, estas legaciones han sido víctimas de ataques violentos, concomitantes a las consabidas acusaciones de racistas proferidas por manifestantes disgustados ante la política migratoria del gobierno dominicano.

Mientras tanto, la administración de Michelle Martelly nada hizo para impedir tales desmanes, lo cual induce a pensar que está en marcha un plan de su agobiado régimen para fortalecerse mediante el fomento de la abstención de ilegales haitianos al programa de regularización de extranjeros de Medina, quien, cumplido el plazo de junio, se vería forzado a deportaciones masivas, capaces de crear una crisis humanitaria de repercusiones graves en la relación bilateral y el derecho internacional, mientras se apoya en las naciones del CARICOM ejecutor de la propaganda anti dominicana.

Medina ha sido categórico cuando dijo: “Y nadie puede albergar la más mínima duda, de que una vez concluya la ejecución de los instrumentos de regularización previstos en la normativa migratoria, no habrá más prórrogas, por tanto los extranjeros de cualquier nacionalidad sin regularizar estarán sujetos a los procedimientos establecidos por la ley, siempre en el marco mas absoluto del respeto a la dignidad de las personas”.

Abogamos para que impere la prudencia; que al cierre consular no siga el cierre fronterizo y, posteriormente, la retirada de la emblemática embajada dominicana en Puerto Príncipe.