Hoy 
SAMUEL SANTANA
Todas las naciones del mundo tienen el pleno derecho de establecer sus leyes migratorias para preservar el control de su territorio, su fuerza laboral, su economía, su cultura, entre otras cosas.
Y para esto se establecen leyes que deben ser respetadas y tomadas muy en cuenta.
Sin embargo, esta afirmación lógica no parece aplicarse a la República Dominicana en lo que respecta específicamente a las relaciones con Haití.
Hay todo un coro de voces que se levanta por diferentes partes del mundo lanzando acusaciones despiadadas contra esta nación por hacer valer sus leyes contra la migración haitiana.
«La discriminación contra los haitianos que viven en República Dominicana, tengan éstos o no sus documentos en orden, es un problema persistente en esta nación», afirma la agencia Inter Press Service Internacional.
Para este medio, este país está muy distante de sobreponerse al problema de segregación contra los haitianos y sus hijos. «Y esto a pesar de ser Haití el único país que comparte la isla Hispaniola con los dominicanos».
Las autoridades deben tener ojos bien abiertos ante acusaciones como éstas. Y más contra quienes se prestan a este tipo de acción.
Las declaraciones peligrosas contra el país provienen de diversos frentes, conformados por figuras religiosas, organizaciones internacionales, medios de comunicación extranjeros, figuras y entidades enclavadas en nuestra propia patria.
Estos frentes no pierden oportunidad para arremeter contra el Gobierno, el Presidente de la República, empresarios, contratadores, zonas francas, Fuerzas Armadas, sistema judicial, Cancillería, Suprema Corte de Justicia, etc, etc.
El padre jesuita Regino Martínez afirma que en República Dominicana las personas son discriminadas, maltratadas y deportadas por el color de la piel.
Sus acusaciones van más allá al indicar que a los haitianos los deportan aún teniendo la documentación reglamentaria.
La decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el país por el caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico es usado como recurso para justificar las imputaciones.
Eddy Tejada, coordinador de Mesa para las Migraciones, afirma que la segregación está presente entre los dominicanos y que el Gobierno debe implementar mecanismos y políticas que estén alineadas con las leyes internacionales.
«Hasta que no entendamos que los haitianos son nuestros vecinos, siempre habrá conflictos».
Las aseveraciones van tan lejos que se afirma que nuestras propias leyes contienen el elemento de la discriminación.
Para la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) «el racismo y el prejuicio contra otros grupos humanos se exacerba en el caso de los nacionales haitianos, no sólo por aspectos históricos, sino geográficos, económicos y sociales».
La realidad dura con la que estamos lidiando es que Haití es la nación más pobre de América Latina y del Caribe. Su historial es lúgubre con la inestabilidad política, económica y con una violencia salvaje de muchos años.
Hasta Estados Unidos abandonó el esfuerzo después de haber restablecido en el poder a Jean Bertrand Aristide.
Los dominicanos somos los más afectados con esta situación.
Es preocupante ver que a pesar de las medidas establecidas por el Estado, cada año es mayor el número de haitianos que migran al país. Las cifras indican que del 2003 hasta el 2005, el número de inmigrantes negros pasó de 14 mil a casi 21 mil. Y de los ocho millones y pico de habitantes que tiene Haití, el suelo dominicano carga con casi dos millones de haitianos.
El objetivo de todos estos reclamos y aseveraciones es llevar al país a que acepte estoicamente la gran carga que representa el problema haitiano.
Esa sería la forma más sencilla de dar solución a una situación dramática que debe ser enfrentada por el consenso internacional y, de modo especial, por las naciones ricas del mundo.
