Varias veces he visto un grupo de oficiales y agentes motorizados, pocos minutos antes de las 8. pm, esperando en la penumbra, realizando una especie de redada muy poco usual, en la intersección de la Kennedy con Lope de Vega. Como acechando en la oscuridad a los conductores que viniendo de sur a norte, doblan a la izquierda hacia el oeste, hacia la autopista Duarte.

La celada es para multar a los supuestos transgresores por el giro a la izquierda, basándose en un diminuto y borroso letrerito de unas 20 por 20 pulgadas, difícil de leer aún de día, colocado a unos seis metros de altura, nada menos que del otro lado de la calle, en un poste del cual cuelga un semáforo, compitiendo con éste por la atención del conductor. Léase bien, el poste está a unos cuatro metros de iniciado… ¡el tramo siguiente! y parece, por lo tanto, referirse dicho aviso a no doblar a la izquierda en la San Martín, la próxima calle. Conviene observarse que en el tramo anterior, entre Amado Soler y Kennedy, no existe un solo aviso de prohibición del giro de referencia, por lo cual el conductor no comete infracción alguna si dobla a la izquierda, como lo estableció la sentencia del juez que descargó supuestos infractores objeto de la citada redada.

Se trata de una actuación impropia y desenfocada de la AMET, en la que los agentes y oficiales actuantes, parecen actuar por cuenta propia, sospechosa y alevosamente. Muy lamentable porque lo que más se necesita en la regulación del tránsito es la planificación y el buen criterio.

El reciente cambio en la dirección de esta institución, debe aprovecharse para orientar la acción hacia problemas de flujo y seguridad vial más importantes.

He dicho otras veces, particularmente en mi libro sobre Sociología del Espacio Vial, los gobiernos deben poner mayor interés en los asuntos del tránsito, no solo por el costo de los accidentes para el Estado y la sociedad; sino porque, además, la población más expuesta es la más productiva económicamente. Por otra parte, el costo de una circulación densa y pesada se hace cada vez más alto debido al costo elevadísimo de los combustibles.

Políticamente hablando, el ordenamiento vial siempre será un fuerte indicador de la vocación del gobierno por el ordenamiento público y su interés en el imperio de la ley. Pocos pueden hurgar en los archivos de las instituciones del Gobierno para valorar la pulcritud con que se manejan los documentos relativos a los procesos de licitación, compras y gastos de cada dependencia. Pero todos los ciudadanos y todos los turistas tienen acceso visual directo al desorden de la circulación, la inoperancia de las leyes y la pobre gestión del tránsito y el transporte.

Y ni qué decir de la coordinación entre las islas institucionales que son el Ayuntamiento, La Dirección de Tránsito de Obras Públicas, y la AMET, que ni siquiera se ponen de acuerdo para rotular, señalizar, y para cronometrar los semáforos adecuadamente.