BONAPARTE GAUTREAUX PIÑEYRO
Hay que tener mucho cuidado con actores que suben a escenarios que no les corresponden. Se ponen en escena gentes, propuestas y se arriba a conclusiones para intentar colocar contra la pared a quienes tienen la misión constitucional.

Eso es peligroso. Hay que estar muy atentos para evitar esa sustitución difícil de entender.

Por supuesto las conclusiones a las que se arriban en seminarios, discusiones, diálogos, no tienen carácter impositivo, no son de aplicación obligada, aunque sí deben ser objeto de ponderación y análisis en todas las instancias.

Cuando se quiere usar esas conclusiones para defender privilegios se recurre a todo para hace valer posiciones que, en los más de los casos, no benefician a la mayoría, al común de la gente.

Resulta preocupante ver cómo se discute, se defiende, se postula, se propone y se concluye en tal o cual dirección, como si los actores que participan en los encuentros fueran asépticos, químicamente puros y se quiere imponer esas recomendaciones como oro de buena ley, aunque cada recomendación, cada conclusión, deja destilar el veneno de los intereses mal ocultados.

Tenemos grupos de presión que, con uno y otro nombre pero con el mismo propósito, pretenden anular, ningunear, dejar de lado, sacar a codazos y sustituir, las instancias constitucionales debidas.

Se juntan dos señoras y tres señores, uno que otro religioso, muchos para hacer coro y se sabrosea el asunto hasta que se cuece un guiso que, en los más de los casos, permite que sólo coman quienes han tenido y aún tienen, la sartén por el mango.

Cada vez que alguien propone alguna fórmula «salvadora» es oportuno preguntar: ¿a quién beneficia?

Usted no ha visto a ningún rico despojarse de lo que tiene para que el pueblo progrese, para que el pueblo mejore su situación. Usted y todos, sí hemos visto lo contrario.

Me parece un insulto a la inteligencia de los dominicanos que se intente imponer como buenas y válidas las conclusiones a las que llegaron un grupo de empresarios y el gobierno para reformar leyes, aumentar tributos y recaudar 31 mil millones de pesos.

Nos quieren hacer pensar que los ricos van a crear impuestos para disminuir sus ganancias, pagarlos y que el país tenga una mejor situación en salud, educación, etc.

¿Quién ha dicho que hubo una conversión milagrosa de un día para otro y que los ricos decidieron repartir la carga contribuyendo al erario con la mayor parte de los ingresos fiscales?

La Constitución de la República establece, de manera clara e indiscutible, que el Congreso Nacional, uno de los tres poderes del Estado, tiene la obligación de hacer, modificar y derogar las leyes.

El que haya un «acuerdo» un espíritu de «consenso» entre el gobierno y una parte de los empresarios, no obliga al Congreso Nacional a aceptarlo.

Ahora las bocinas que tiene el gobierno repetirán hasta la saciedad que el «consenso» logrado en el «diálogo» debe ser aprobado, como si el Congreso estuviera constituido por mujeres y hombres que tienen en el cerebro un sello gomígrafo.

¡Así no fue que hablamos!