El pasado 15 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto dio su último ‘grito’ en la fiesta de la Independencia.
Peña salió a tañer la campana de Dolores y a agitar la bandera nacional en el momento en que su popularidad está en uno de los niveles más bajos de toda su administración.

De acuerdo con Consulta Mitofsky, el porcentaje de aprobación del presidente fue apenas del 18 por ciento del total de los entrevistados.

Se trata del segundo porcentaje más bajo de todo el sexenio, solo arriba del 17% de febrero de 2017, tras haber ocurrido el llamado ‘gasolinazo’.

Peña Nieto comenzó su administración generando grandes expectativas. El porcentaje de aprobación obtenido en el arranque de su Gobierno alcanzó el 54 por ciento. Hay que recordar que ganó la elección presidencial con un 38.2 por ciento de los votos emitidos.

Es decir, entre julio de 2012, en que ocurrió la elección presidencial y diciembre de ese año, su respaldo registró un incremento de 16 puntos, algo muy poco usual en la historia de la política mexicana.

Las primeras medidas de su Gobierno llevaron el apoyo más allá. El máximo de aprobación fue obtenido en mayo de 2013, a los seis meses de su gestión, llegando al 57 por ciento.

Desde entonces la historia fue otra, a pesar de haber lanzado uno de los programas de reformas estructurales más ambiciosos en el mundo.

La primera de las reformas ocurrió en los últimos días del sexenio de Felipe Calderón: la reforma laboral.

El proyecto fue convenido entre ambos gobiernos y permitía la flexibilización de las formas de contratación laboral y restringía la litigiosidad entre los trabajadores y sus patrones.

La segunda gran reforma se procesó entre diciembre de 2012 y febrero de 2013. Se trató de la reforma educativa y obtuvo un respaldo prácticamente unánime de todas las fuerzas políticas apenas a semanas después de haberse anunciado el Pacto por México, que fue suscrito por el gobierno, el PRI, el PAN y el PRD.

La reforma se consolidó con la detención en febrero de 2013 de la líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, que abiertamente se oponía a ella.

Con esta secuencia de resultados, el gobierno de Peña propuso el 12 de agosto de 2013 una reforma constitucional que recuperaba las reglas para el sector privado en el sector energético, mismas que había establecido Lázaro Cárdenas en 1939 y que permitían algunas figuras para que interviniera el sector privado en la industria petrolera.

El PRD, uno de los firmantes del Pacto por México, no aceptó que la reforma energética incluyera modificaciones constitucionales y la rechazó.

Sin embargo, en diciembre de 2013, se logró su aprobación con respaldo del PRI, PAN y sus aliados.

La administración de Peña Nieto ya antes se había alejado del PAN, que en octubre de ese año rechazó la reforma fiscal planteada por el gobierno, pero que logró el respaldo del PRD para poder ser aprobada.

El gobierno federal usó un importante capital político para hacer que las reformas avanzaran, pero eso le costó llegar a febrero de 2014 con un nivel de aprobación de solo el 48 por ciento y un rechazo del 51 por ciento.

Además, se fue fracturando la coalición que, de facto, permitió algunas de las reformas más importantes.
El sexto y último grito de Independencia de Peña está enmarcado en la reversión de la reforma educativa, objetivo explícito del nuevo gobierno.