El economista Rubén Peña Pichardo abogó por la puesta en funcionamiento de un modelo de energía eléctrica que contemple la ampliación de la ley de capitalización de ese sector, lo que implicaría vender la totalidad de las acciones que el Estado tiene en las plantas generadoras y el área de distribución, cuyo monto representa el 50% de éstas, aunque preservándose la propiedad de las hidroeléctricas y la infraestructura de transmisión por el valor estratégico que representan.

Peña Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), recomendó que el Estado fortalezca su labor de vigilancia a través de la Superintendencia de Electricidad y que sea este organismo el que se constituya en una institución que con la debida credibilidad y justicia, haga aplicar las regulaciones contempladas en la ley y el instructivo que le dieron origen.

Por otro lado, sugirió la recolocación en los mercados internacionales, para potenciales inversionistas, de las compañías Edenorte y Edesur, aunque reconoció que en los actuales momentos con el nivel de deterioro y desconfianza que llevó a este sector la administración del Presidente Hipólito Mejía, no sería fácil conseguir posibles compradores con la calidad a que aspiramos.

Agregó que por eso, entiende que a fin de ir produciendo el nivel de confianza requerido, nuestra primera diligencia debe de encaminarse a la contratación de una firma privada con experiencia en el área para que administre en esa etapa a Edenorte y Edesur.

En lo relativo a Edeste considera que, en primer lugar, hay que definir quién tiene deuda pendiente con quién, en base a la discusión del gobierno de Mejía y estas empresas, y que además, de ser cierto lo que se

especula, sobre la quiebra de esta empresa, llegar a acuerdos con sus propietarios a fin de colocarla en el mercado y licitarla bajo las regulaciones que contempla la ley que dio origen a su proceso de capitalización.

Resaltó que sí, como todo el mundo entiende, la crisis de este sector obedece a factores puramente financieros, no hay que repetirlo más a la población y proceder a exigirles a las nuevas compañías que se instalen la responsabilidad de realizar grandes inversiones, acompañadas de una logística orquestada con el fin de adquirir las suficientes unidades de

corte, esto es, camiones, camionetas y otros vehículos con los equipos correspondientes

Dijo que también con la instalación de oficinas de control en los distintos sectores y comunidades, a fin de no ver el problema sólo de manera panorámica, ya que visto de esta manera luce imposible de vencer, en ese sentido entiende que delimitándolo, cada oficina sectorial tendría la responsabilidad de responder por las eficiencias de sus cobros que es donde, a su entender, radica la esencia de todo este problema.

Peña Pichardo argumentó que mucha gente en sectores marginados no pueden pagar la totalidad de la energía consumida aunque recomendó que se establezca una tarifa mínima para cobrar una parte de ésta.

Dijo que con eso, crear la cultura del pago ya que existen otros sectores que aún pudiendo pagar tampoco lo hacen, en ese orden se refirió a que siempre será menos costoso comprar los 60 ó 70 pies de alambre que fruto de los cortes anuales hacen estas compañías, no diarios como debería de ser, de efectuarse las inversiones que recomienda, que pagar la luz de manera regular, lo cual demuestra la ineficiencia no sólo del Estado empresario sino también del propio sector privado.

Concluyó que de seguir así transfiriendo la ineficiencia de las compañías eléctricas y del Estado a los sectores que pagan la luz, llegará un momento en que resultará prácticamente imposible que estos estén en capacidad de seguir pagando el servicio el que a su entender, de continuar esta práctica, colapsará por lo que propició una nueva reingeniería del sistema en el que se descartaría de plano, por irracional, el Estado empresario y un sector privado actuando sin ningún control.