El pasado 22 de agosto apareció en el vespertino El Nacional la información de que el gobierno ha exonerado en los últimos 20 meses, 20 mil millones de pesos en impuestos a empresas turísticas, de zonas francas, generadoras de energía, mineras, constructoras y fabricantes de cemento. Con suspicacia, valoramos la posibilidad de que fuera un error  la transcripción de las cifras, pero al revisarla por completo observamos los detalles que confirman la información.

Al margen del espíritu y cuerpo de la Ley de Hidrocarburos, en la cual se fundamentaron esas exoneraciones a estas “infelices” y “necesitadas” instituciones, tales como Cementos Cibao, César Iglesias, Compañía Bayahibe, Corporación Turística Punta Cana, Metaldom, etcétera, los que deseen justificar esos portentosos regalos con supuestos beneficios sociales o económicos en sus comunidades, que se den una vueltecita por esos entornos empresariales para que valoren en vivo el reinante ambiente de miseria y pregunten a sus  empleados si los vergonzosos salarios y cero reivindicaciones justifican la donación gubernamental de mil millones de pesos mensuales.

Hay muchos miles de servidores del Estado que  luego de 20, 30 y hasta 40 años de servicios, no reciben pensiones justas y nunca, ningún gobierno, les exoneró una motocicleta, una batería, un pequeño inversor y mucho menos medicamentos o servicios médicos de alto costo, y tal vez, ya ni siquiera tengan agudeza visual o acceso a un periódico para leer esta noticia que, muy probablemente, les llenaría de lágrimas sus mejillas, cuando vean que  el gobierno usó 20 mil millones de pesos para asegurar y facilitar luz a los millonarios y ellos no tienen con qué sobrevivir a los diabólicos apagones.