Mucho se ha percibido en estos días que República Dominicana es un país insuficientemente atendido en vigilancia y persecución de la delincuencia. Se anunció un mayor patrullaje y voces de los barrios han preguntado: ¿Y esos policías adicionales, dónde están? Selectivamente en uno y otro punto del territorio nacional; pero la acción criminal diversa y los pillajes afloran por doquier y el jefe de la institución, mayor general Nelson Peguero Paredes, confirma la escasez: solo 15 mil agentes van al servicio ordinario. Cómo dudar que solo para la región Norte completa se necesitaría el triple de esa cifra para poder decir que el cuerpo del orden está en condición de asumir lo presencial para cuidar la región y perseguir sospechosos, en este momento de auge.
Además de las limitaciones de personal están las insuficiencias salariales y de capacitación. Una abundancia traería la otra. Gente bien pagada que sea competente. Está también el vacío legal. Una sistemática negación de avanzar hacia la reforma de ley que sirva para llevar a la institución a cambios modernizadores para superar lo que hace poco tiempo dijo un jefe policial saliente: “Nuestro atraso es de 80”. Tras las recurrentes embestidas de la criminalidad, las superioridades del Estado siempre expresan intenciones de hacer mucho más por la seguridad ciudadana; pero el gasto en ese renglón decrece en vez de subir en términos reales.

Sin claridad, como siempre

El consumidor dominicano tiene motivos para suponer que la fijación de precios a los combustibles no sigue un patrón justo sino a una subjetividad de intereses políticos y despiadada intención recaudadora. Bajan o no suben si se acercan las elecciones. Pasada las contiendas, el uso “partidario-fiscal” de los derivados recobra terreno con alzas sucesivas.
Los factores para decidir los precios finales permanecen en la oscuridad aunque formalmente son invocados y luego se descubre que no coinciden con la realidad. Lo que se dice para justificarlos poco tiene de concreto. Y se citan unos costos petrolíferos que no se corresponden con la forma en que el país se abastece. Mientras falta transparencia, persiste una inequidad para los usuarios: los gravámenes a los carburantes en el país son los más altos de la región.