Desde hace meses algunas entidades gremiales y otras sindicales vienen manifestando públicamente sus inquietudes, tanto al sector público como al privado, reclamando y luchando por justos aumentos salariales en beneficio de la clase laboral dominicana, todavía sin llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes en conflicto, quedando todo en una especie de limbo, y no jurídico precisamente.

Tanto la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), como el Colegio Médico Dominicano (CMD), y otros están demandando que el Ministerio de Educación y el Superior Gobierno atiendan sus reclamos, para lograr un porcentaje óptimo en los ya hace tiempo deprimidos sueldos de sus afiliados, puesto que el nivel y calidad de vida se ven deteriorados con la cada día más irritante alza de precios en los artículos de primera necesidad.

Para nadie es un secreto la acelerada devaluación de nuestro signo monetario y que el costo de la vida se ha disparado a niveles insospechables, casi astronómicos. La canasta familiar rebasa actualmente los RD$24,500.00, siendo inalcanzable para un gigantesco segmento poblacional de mucha importancia y gran incidencia en la toma de decisiones nacionales en el aspecto electoral.

Pero … ¿Y qué de los (as) pensionados (as) y jubilados (as)? ¿No existen? ¿Acaso la galopante y casi indetenible espiral inflacionaria que nos lacera y agobia no los afecta igualmente? Parodiando a una de las más conocidas obras del laureado escritor colombiano Gabriel García Márquez, me refiero a «El Coronel no tiene quien le escriba», parece que dicho título bien puede etiquetársele a aquellos y aquellas que dieron lo mejor de sí en sus respectivas instituciones públicas y privadas; los mejores años de sus juventudes, tanto al Estado Dominicano como al sector privado, para que no sean tomados en cuenta a la hora de hablarse y asignarse incrementos salariales.

Es inexplicable. Ni siquiera se mencionan, con muy escasas y honrosas excepciones de uno u otro dirigente sindical, que en algún momento han mencionado estos ex-servidores, como son la dirigente magisterial María Teresa Cabrera y Don Rafael-Pepe-Abreu, líder de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).

Sé del caso de algunos y algunas que están en sus viviendas en estado convaleciente, casi olvidados, en delicada situación física y económica; precaria, un tanto lacerante. Otros en aparentes buenas condiciones de salud y todavía aptos para la actividad productiva, no encuentran el medio de elevar sus magros ingresos, siendo -por motivos de edad- descartados para formar parte del staff de una u otra institución privada, teniendo éstos que recurrir a las más disímiles y variadas actividades informales, particulares, para ganarse unos cuantos pesos extras.

Sean públicos o privados tienen necesariamente que ser incluidos en los planes presentes y futuros de aumentos de sueldos, no por cuestión de compasión ni tampoco como una especie de dádiva o lisonja, sino como una prerrogativa que realmente les corresponde, por el amplio beneficio laboral que dejaron durante muchos años, fruto del alquiler de su fuerza de trabajo.

Ojalá que el Superior Gobierno vaya en auxilio de los y las pensionados (as) y jubilados (as), para que puedan pasar el resto de sus días con mayores y mejores condiciones de vida, con un significativo aumento en sus ingresos y de esta manera poder tener así una calidad existencial más digna y decorosa.